IMAGENES DE TOÑO MÚGICA
POR OMEGA
El conflicto en torno a la construcción del Sistema de Transporte por Cable, conocido popularmente como Cablebús, alcanzó un nuevo punto crítico. Las tensiones entre la ciudadanía que defiende el entorno ambiental y los sectores que promueven la obra escalaron significativamente el miércoles 15 de julio de 2026, en el marco de una movilización que terminó con agresiones físicas directas y agresiones al ejercicio periodístico.
Desde finales de 2025, el proyecto del Cablebús en Puebla —cuya inversión supera los 6,700 millones de pesos— ha estado bajo el escrutinio de vecinas, vecinos, agrupaciones urbanistas y colectivos ambientalistas. Las principales críticas señalan la opacidad gubernamental al reservar por cinco años la información técnica, así como los graves impactos ambientales en el arbolado y las áreas verdes de zonas emblemáticas como el Parque Juárez y el Parque Ecológico.
A lo largo de 2026, la ciudadanía se ha organizado en múltiples protestas pacíficas, incluyendo marchas masivas desde el Parque Juárez y Casa Aguayo. El rechazo social también se trasladó al ámbito legal, donde diversos colectivos lograron interponer juicios de amparo y obtener suspensiones provisionales para detener cualquier tipo de tala o alteración del suelo. Pese a las denuncias de hostigamiento y mensajes intimidatorios recibidos por activistas en meses anteriores con el fin de obligarles a desistir de la vía legal, las manifestaciones y el seguimiento jurídico continuaron firmes.
El epicentro de la confrontación se trasladó a las inmediaciones del Congreso del Estado y la zona del Arco de Loreto. Mientras en el recinto legislativo comparecía el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, para rendir un informe técnico y financiero sobre la viabilidad del Cablebús, afuera se congregaban dos posturas antagónicas.
Por un lado, personas pertenecientes a colectivos en defensa de la ecología urbana se manifestaban de forma pacífica portando pancartas y lonas informativas con consignas que alertaban sobre la ruta migratoria de las aves y la deforestación de la capital. Simultáneamente, operadores afines al proyecto movilizaron autobuses con personas partidarias del transporte por cable.
La situación se tornó violenta cuando un grupo de choque compuesto por hombres de civil —algunos encapuchados y con cubrebocas— irrumpió con violencia en el sitio. Los agresores atacaron de forma directa las lonas de los colectivos disidentes, destruyéndolas a su paso y lanzando piedras y empujones para desatar una riña. De acuerdo con testimonios de las personas agredidas, la decisión colectiva fue evitar la confrontación física directa para salvaguardar su integridad ante la clara provocación.
Durante el altercado, la libertad de prensa también se vio vulnerada. Un fotógrafo de un medio local que documentaba los actos de violencia fue agredido físicamente a golpes por los provocadores, mientras que una reportera recibió amenazas verbales directas para impedir que registrara los sucesos en video.
Los colectivos ciudadanos y las redes de defensa ambiental señalaron que el uso de grupos de choque representa una preocupante represalia política que busca acallar la legítima protesta social. Por su parte, exigieron transparencia total frente a un proyecto que, aseguran, continúa avanzando a marchas forzadas por encima de la normativa ambiental y del bienestar de la población poblana.
Radialista-Feminista apasionada!!💜💥
