Cholollan Puebla

Reactivación de los convenios de 1994

El pasado 2 de julio se dio a conocer en rueda de prensa que el Poder Judicial de la Federación, a través del tercer tribunal colegiado en materia administrativa, emitió una resolución favorable para los municipios de Santa María Acuexcomac y San Buenaventura Nealtican. La sentencia ordena a SOAPAP, CONAGUA y al Gobierno del Estado de Puebla dar cumplimiento estricto a la cláusula octava del convenio del 6 de octubre de 1994.

Dicha cláusula establece la obligación de realizar un monitoreo trimestral de los niveles estáticos y dinámicos de los pozos, incluyendo los de uso agrícola. En caso de registrarse una disminución en los mantos acuíferos, las autoridades deben suspender de manera inmediata la extracción de agua destinada a la ciudad de Puebla. Adicionalmente, el Juzgado Primero de Distrito otorgó una suspensión definitiva en favor de Acuexcomac, la cual paraliza cualquier prórroga sobre la concesión PUE 100-304 de sus cinco pozos profundos, condicionando cualquier acción futura a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a la comunidad indígena.

Vencimiento de términos legales para las concesionarias

De acuerdo con la información oficial proporcionada por Conagua en el marco de los juicios, la concesión PUE 100-304 —que regula cuatro pozos de Nealtican y cinco de Acuexcomac— vencerá el próximo 12 de diciembre de 2026. La normativa estipula que la solicitud de prórroga debió presentarse al menos seis meses antes de su vencimiento; al no haberlo hecho, SOAPAP ha perdido formalmente este derecho, lo que vulnera la seguridad jurídica de su operación.

Este hecho es de gran relevancia, dado que estas comunidades, en conjunto con San Miguel Xoxtla, proveen aproximadamente el 40% del agua potable que abastece a la capital del estado y a la zona metropolitana. La población ha manifestado su rechazo a seguir asumiendo el impacto ambiental y el desabasto local mientras la infraestructura pública centralizada desperdicia grandes volúmenes del líquido en fugas.

Organización comunitaria y denuncias de hostigamiento en Nealtican

En el seguimiento de estas acciones, el 6 de julio se llevó a cabo una asamblea general en Nealtican, organizada por el Grupo de Vecinos por el Bien de Nealtican. Durante el acto se expusieron las dificultades y presiones ejercidas por la administración de la presidenta municipal, Imelda Gil Osorio, y el síndico, quienes han intentado obstaculizar las reuniones informativas mediante el despliegue de elementos policiacos y trabas administrativas.

Defensor@s del territorio informaron que debieron solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos ante los actos de intimidación recibidos, logrando que se emitieran órdenes de restricción para salvaguardar su integridad y garantizar su derecho a la libre expresión.

Frente a este panorama, la asamblea comunitaria acordó los siguientes puntos de acción:

• Participación en peritajes: Convocar a las personas titulares de pozos agrícolas a colaborar en las inspecciones federales trimestrales para certificar el estado de los mantos acuíferos.

• Exigencia formal de suministro: Distribuir formatos de solicitud amparados por el fallo judicial para obligar al ayuntamiento a garantizar, mediante red o pipas, el suministro de agua potable a las viviendas afectadas, fijando un plazo mínimo de entrega cada tercer día.

• Coordinación intermunicipal: Organizar una caravana que conecte a Nealtican con Santa María Acuexcomac para unificar de forma presencial la resistencia de ambos pueblos.

Finalmente, el Comité en Defensa del Agua de Nealtican y Acuexcomac expresó su respaldo solidario a otras localidades de la entidad, como San José Chiapa y Santo Tomás Chautla, que enfrentan la imposición de proyectos industriales, privatizadores o de tratamiento de residuos en sus territorios. Las representaciones comunitarias concluyeron que la defensa de los bienes naturales es una prioridad para la supervivencia de la región y el bienestar de las próximas generaciones, por lo que continuarán empleando los canales legales y la movilización social pacífica para hacer respetar su autodeterminación.