Habitantes de San Antonio Cacalotepec, en el municipio de San Andrés Cholula, denunciaron a la inmobiliaria Grupo Proyecta por presuntamente intentar descargar aguas residuales en el río Atenco, también conocido como río Almoloya.
De acuerdo con el vecindario, la inmobiliaria realiza excavaciones para instalar un ducto que conecta drenajes de fraccionamientos con este afluente, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones ambientales y a la salud. La comunidad señala que el proyecto se está llevando a cabo sin mostrar permisos ni consultarles, lo que consideran una violación a su derecho a un medio ambiente sano según el Artículo 4 constitucional y a la libre autodeterminación de los pueblos. Además alertaron que la posible contaminación afectaría los pozos de agua, el manto freático y los campos de cultivo, de los cuales dependen diversas familias de la zona. También, expresaron preocupación por posibles riesgos a la salud, al recordar casos como el del río Atoyac, gravemente contaminado por descargas industriales y urbanas, el cual actualmente representa un alto riesgo sanitario. Según el gobierno del Estado de Puebla, la contaminación del río Atoyac está asociada a provocar enfermedades como cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, amebiasis, hepatitis A, esquistosomiasis, retraso en el crecimiento, entre otras.
Quienes habitan aseguran que no es la primera vez que enfrentan este tipo de problemáticas y advierten que, de continuar las obras, las consecuencias ambientales podrían ser irreversibles. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si la obra cuenta con las autorizaciones correspondientes.
Grupo Proyecta, a cargo de los hermanos Alejandro, Rafael, y Gabriel Posada Cueto, tiene un historial largo de malas prácticas legales e ilegales para llevar a cabo sus desarrollos inmobiliarios mal habidos. Grupo Proyecta, que hoy amenaza el río Atenco, y a los vecinos de Cacalotepec, inicia desde su amistad con el entonces gobernador de Puebla, Manuel Bartlett Diaz, quien empezó el proyecto de Angelopolis, sobre la reserva Territorial Atlixcayotl. Manteniéndose siempre en amistad con los grupos de poder político poblano, fue en 2002 al amparo del entonces gobierno de Melquiades Morales, que empezaron a desarrollar lo que hoy se conoce como Lomas de Angelópolis, al obtener las tierras de los ejidatarios y campesinos con artimañas legales, engaños, falsificación de documentos, amenazas y presión. Desde ese primer año, al poco tiempo ya habían acumulado más de 100 denuncias penales por parte de ejidatarios y campesinos, a quienes habían despojado de sus tierras. Uno de los casos fue el de Hector Montiel, según una investigación del periodista Mario Galeana para 24 horas Puebla, narra cómo los hermanos Posada Cueto, habían logrado engañar a Montiel a través de la falsificación de documentos y compra de jueces.
Otro de los modus operandi de Grupo Proyecta, de los hermanos Posada Cueto, para hacerse de predios, era desarrollar alrededor del mismo hasta obstruir el paso, obligando al dueño, finalmente, a ceder sobre su propiedad a cambio de centavos. Sin embargo, este tipo de presión por parte de Proyecta, no era el único,pues también que muchos ejidatarios terminaron presos bajo acusaciones falsas de robo de propiedad ajena. Además, según información de Acento 21, otro método de la familia Posada Cueto, era hacerse del poder público y judicial, al invalidar documentos de propiedad de los dueños, para después arrebatarles los terrenos “legalmente”.
El caso de Cacalotepec no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que revela el lado problemático del llamado “desarrollo inmobiliario”, especialmente tratándose de Grupo Proyecta. Bajo el discurso del progreso, la modernidad y la plusvalía, grandes proyectos urbanos han transformado territorios completos a costa de comunidades que son despojados, no solo de sus tierras, sino también de sus formas de vida.
En este contexto, el “desarrollo” se presenta como una promesa incuestionable, casi como mito, que dice que urbanizar siempre significa mejorar. Sin embargo, en la práctica, este modelo suele implicar procesos de despojo, legales o simbólicos, donde ejidatarios, campesinos y habitantes originarios son desplazados, marginados o excluidos de los beneficios que supuestamente trae consigo el crecimiento urbano.
La expansión inmobiliaria en zonas como Cholula ha evidenciado estas tensiones, por un lado, fraccionamientos cerrados, infraestructura moderna y altos estándares de vida; por otro, comunidades que enfrentan presión sobre sus bienes naturales, contaminación, pérdida de acceso al agua y fragmentación del tejido social.
En medio de este conflicto, el caso de Cacalotepec vuelve a poner sobre la mesa las tensiones entre el crecimiento inmobiliario y la defensa del territorio. Mientras empresas como Grupo Proyecta continúan expandiendo sus desarrollos, comunidades locales exigen respeto a los bienes naturales, transparencia en los procesos y garantías para un medio ambiente sano. Por ello, más que hablar de desarrollo, habría que preguntarse: ¿desarrollo para quién y a qué costo? Porque cuando el progreso se construye sobre ríos contaminados, territorios arrebatados y comunidades ignoradas, deja de ser una promesa y se convierte en una disputa.
Radialista-Feminista apasionada!!💜💥
