El pasado domingo 26 de julio, diversas organizaciones sociales, colectivos urbanos y representaciones de pueblos originarios marcharon por las principales calles de la capital poblana para manifestar su rechazo a la construcción del proyecto del Cablebús. La movilización culminó con una concentración en el Zócalo de la ciudad de Puebla, espacio en donde las personas participantes expusieron de manera pública sus demandas frente a las severas afectaciones ambientales, sociales y territoriales que representaría la ejecución de esta obra.
Entre las contingentas y contingentes participantes destacó la presencia activa de integrantes de los pueblos originarios de San Andrés Cholula, así como de la colectiva de Guardianas del Río Metlapanapa. La incorporación de estas comunidades a la movilización responde a la defensa directa del territorio y de los recursos naturales, señalando que los proyectos de infraestructura turística y de movilidad impactan negativamente en el entorno socioambiental. Para estas poblaciones, la pérdida de áreas verdes y parques en la zona urbana se suma al preocupante agotamiento de pozos y a la creciente presión sobre la tierra en sus propios territorios comunitarios, por lo que decidieron acudir a la capital para tejer redes de solidaridad interterritorial con la ciudadanía afectada.
Durante el mitin, un integrante del grupo de Cholultecas Unidos en Resistencia tomó la palabra para enfatizar la dimensión histórica y comunitaria de su lucha, recordando que los siete pueblos originarios de San Andrés Cholula llevan años organizados desde que frenaron el proyecto del Parque de las Siete Culturas impulsado en su momento por el exgobernador Rafael Moreno Valle (del PAN). En su intervención, denunció que la cultura choluteca se encuentra en riesgo de desaparecer ante la invasión del cartel inmobiliario —mencionando a desarrolladoras como Grupo Proyecta— y el despojo sistemático del agua en su territorio. Asimismo, acusó un contubernio entre el gobierno estatal de Alejandro Armenta (de MORENA) y la administración municipal de Guadalupe Cuautle (del PAN), señalando que mediante el Programa Regional de Desarrollo Urbano buscan legitimar la expansión inmobiliaria, el encarecimiento de la zona y la extinción del estilo de vida de sus habitantes, reafirmando que la única vía para frenar esta problemática es la unidad entre las comunidades y los movimientos urbanos.
A lo largo de la jornada, las y los manifestantes denunciaron la prevalencia de mecanismos encaminados a acallar sus reclamos e impedir que sus demandas sean escuchadas por las autoridades correspondientes. Se documentó la presencia de personal identificado como parte de la Secretaría de Gobernación estatal registrando y grabando directamente los rostros de las personas manifestantes, acto que los colectivos calificaron como una clara estrategia de amedrentamiento y criminalización de la protesta. Asimismo, se dio lectura a un pronunciamiento público en el que se recordó que el pasado 15 de julio, en el Arco de Loreto, un grupo de choque agredió físicamente a manifestantes y periodistas. Dicho grupo retiró mantas de denuncia y amenazó a las personas presentes con objetos punzocortantes sin que las fuerzas de seguridad pública intervinieran para salvaguardar a la ciudadanía.
Durante la manifestación se señalaron las responsabilidades de distintas instancias gubernamentales e instituciones, evidenciando que la falta de escucha, la imposición de proyectos y la omisión en la protección de la protesta ciudadana atraviesan a los distintos actores políticos sin distinción de partido. Por un lado, se cuestionó al Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier (del partido MORENA), por impulsar la obra del Cablebús mediante órdenes ejecutivas sin llevar a cabo procesos de consulta previa, libre e informada con las comunidades. Por otro lado, se denunció la presunta participación de personal vinculado a la Secretaría del Bienestar del Ayuntamiento de Puebla en la articulación de grupos de choque durante las protestas. A esto se sumó la inacción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), cuya pasividad ante las agresiones y la posterior delegación de la carga de la prueba a las propias víctimas dejaron de manifiesto la falta de garantías institucionales para el ejercicio de la libre manifestación.
Las y los organizadores concluyeron la jornada reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el territorio y la consulta previa, llamando a la población a mantenerse informada y organizada frente a proyectos de infraestructura impuestos sin consenso social.
Radialista-Feminista apasionada!!💜💥
