Un Juzgado Federal determinó que la mesa de trabajo efectuada el pasado 23 de julio de 2026 entre la población originaria de San Andrés Cholula y autoridades de los gobiernos estatal y municipal no fue suficiente para dar por cumplida la suspensión definitiva que protege los derechos de las comunidades locales.
A través de un acuerdo emitido este 28 de julio, la Jueza Quinta de Distrito en Materia de Amparo resolvió requerir a las autoridades responsables que convoquen formalmente a un nuevo encuentro en un plazo de 48 horas, estableciendo fecha, hora y lugar próximos para dar continuidad real a las mesas de diálogo.
La resolución judicial exige cumplimiento efectivo
El mandato judicial responde a las manifestaciones presentadas por la representación legal de la parte quejosa, en las que se señaló que durante la reunión del 23 de julio las autoridades dieron por concluidos los trabajos argumentando la «falta de materia» para el diálogo.
Ante esta situación, el órgano jurisdiccional precisó que:
Prevalece la protección a la consulta: Las determinaciones o acuerdos administrativos a nivel municipal no pueden ponerse por encima de la suspensión definitiva concedida el 12 de junio de 2026.
Obligación de las autoridades: Se requiere la asistencia obligatoria de las personas servidoras públicas con facultades legales suficientes para intervenir en el proceso.
Apercibimiento y multas: De no informar sobre las gestiones y el señalamiento de la nueva fecha en el plazo establecido, se aplicarán sanciones económicas a las autoridades responsables conforme a la Ley de Amparo.
Inclusión de universidades y garantía del proceso participativo
El seguimiento judicial reafirma la necesidad de cumplir con los acuerdos pactados en las minutas de octubre de 2023 y mayo de 2025. Dichos acuerdos contemplan la participación de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLA), cuyos equipos académicos deben presentar sus dictámenes técnicos sobre la inclusión de las estrategias comunitarias de protección territorial.
Debido a que el periodo vacacional universitario impidió la presencia de los cuerpos técnicos en la sesión anterior, el juzgado instruyó que las nuevas convocatorias se realicen de manera oportuna y fehaciente, asegurando la asistencia de todas las partes involucradas.
Con esta determinación, las comunidades originarias dan un revés al rechazo de cumplir los acuerdos y desprecio a los pueblos originarios que la Secretaria de Gobernacion del Estado y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula realizaron el pasado 23 de julio. Caminando con muchos obstáculos para que se reconozca nuestro derecho a decidir sobre el destino de nuestro territorio.
Radialista-Feminista apasionada!!💜💥
