Por Alan Loyola y María José Zardain
La madrugada del 2 de marzo del 2016, fue marcada por un hecho que sacudió a los movimientos ambientalistas e indígenas de América Latina. Aquella noche, en La Esperanza, Honduras, la activista Berta Cáceres fue asesinada por defender el río Gualcarque, un afluente sagrado para el pueblo lenca, frente al avance del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Diez años después de su muerte, su legado no se ha borrado. La defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas continúan siendo una causa abierta, Cáceres se ha convertido en un símbolo global de la lucha por la justicia ambiental y social.
En la comunidad de Río Blanco, a varias horas de La Esperanza, la resistencia comenzó formalmente en 2013, cuando las familias lencas decidieron tomar el control del acceso al río para impedir la entrada de maquinaria. Bajo la sombra de un roble que se volvió emblema de la lucha comunitaria, hombres y mujeres organizaron turnos, cavaron trincheras y resistieron al día y noche contra los intentos de avance del proyecto.
Aunque los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, todos han sido juzgados y sentenciados a prisión en 2018, de los autores intelectuales, solo uno ha sido juzgado y sentenciado. Fue el caso de David Castillo, ingeniero y exgerente general de la empresa Desarrollos Energéticos a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que Berta se opuso junto con COPINH. En 2022 casi una década después del asesinato, fue que David Castillo fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión, muchos años menos a la máxima que se puede otorgar por asesinato. Además, el abogado de la familia Castillo, dijo que la sentencia se puede reducir, también por los 4 años de prisión preventiva que pasó.
Sin embargo, la justicia sigue estando pendiente, pues David Castillo, fue solo una pequeña parte de todo un entramado empresarial de quienes llevaron a cabo el asesinato. Entre estos se encuentran como únicos sospechosos directos de ser autores intelectuales del asesinato, la familia Atala Zabala, dueños de la empresa Desarrollos Energéticos S.A y accionistas del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, quienes en varias reuniones ejecutivas se documentó que hacían referencia al “Problema Berta”.
Lamentablemente el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, aunque fue detenido tras el asesinato, corre el riesgo de reanudarse en cualquier momento, ya que cuentan, gracias al gobierno de Honduras, con la concesión para la explotación y uso del agua por 50 años.
Berta Cáceres, además de defensora ambiental, fue una voz que articuló las demandas de los pueblos indígenas contra modelos extractivos que ponen en riesgo territorios y vidas. Hoy, su historia resuena en múltiples luchas por justicia, derechos de la naturaleza y dignidad, recordándonos que la defensa de la vida y los bienes comunes continúa siendo una batalla cotidiana. Su asesinato no sólo fue un ataque contra un defensora del territorio; fue también un intento de silenciar una forma de liderazgo profundamente arraigada en el cuidado de la vida.
Las mujeres han estado en la primera línea de la defensa ambiental porque, históricamente, han sostenido vínculos cotidianos con el agua, la tierra y la alimentación. En muchas comunidades, son quienes garantizan la reproducción de la vida, cultivan, recolectan, organizan, cuidan. En el caso de Berta, su liderazgo fue colectivo. No se trataba de una figura aislada, sino de una mujer que caminaba junto a su pueblo, que entendía la defensa del río como defensa de la dignidad. Esa dimensión comunitaria es clave para comprender cómo muchas mujeres han transformado la protesta en organización sostenida: crean redes, sostienen asambleas, articulan discursos que conectan la justicia ambiental con la justicia de género.
A casi una década de su asesinato, la resistencia que ella impulsó demuestra algo fundamental, las luchas encabezadas por mujeres no se extinguen con la eliminación de sus liderazgos visibles. Se multiplican. Se heredan. Se transforman en memoria activa. La defensa del territorio se vuelve también defensa de la vida digna y del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el propio entorno.
En el marco del 8M, recordar a Berta no es sólo un acto de homenaje, sino un reconocimiento de que el feminismo y el ambientalismo comparten una raíz común: cuestionar sistemas que explotan cuerpos y territorios bajo la lógica del poder y la acumulación. Las mujeres en los movimientos ambientales no sólo protegen ríos o montañas; están redefiniendo la política desde el cuidado, la comunidad y la resistencia colectiva.
Radialista-Feminista apasionada!!💜💥
