Recientemente se inauguró una nueva franquicia de 3B en San Andrés Cholula. Mientras que algun@s vecinas y vecinos recibieron al establecimiento con muchas dudas, otros protestaron y denunciaron la imposición del comercio sobre la autonomía comunitaria. Si bien esta disputa puede parecer un conflicto impertinente para algunos, la verdad es que evidencia importantes cuestionamientos sobre cómo alcanzamos el progreso.
Sucedió el pasado viernes 4 de septiembre frente a la nueva sucursal de 3B sobre la calle 2 Norte, esquina con 4 Oriente. Vecinas y vecinos sanandreseños organizados mediante Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR) se plantaron frente a la cadena comercial con lonas y pancartas. Mediante una clausura simbólica, expresaron su rechazo a 3B y la importancia de proteger a los comercios locales.
Sin embargo, mientras esto ocurría, a distancia de resguardo algun@s a favor de 3B observaban la protesta, acompañados de elementos de la policía estatal. Si bien, no hubo más que un par de vecin@s que mostraron su apoyo a la cadena comercial o tachando a los manifestantes de “revoltosos” sin argumentar más a fondo, surgieron algunos puntos interesantes que se aclararon durante el posicionamiento.
¿Por qué deberíamos criticar a 3B y las cadenas comerciales?
Algun@s presentes señalaron que nadie les preguntó si estaban de acuerdo con la oposición a 3B (a pesar de que la CHUR lleva organizando asambleas cada martes a las 7 en el curato) y defendieron la llegada del establecimiento porque es más barato y conveniente. Para ell@s, la instalación de una nueva cadena comercial representa progreso y mayores opciones para realizar sus compras.
El problema es que esta postura parte de una visión inmediata del desarrollo. Que un producto sea más barato no significa que la llegada de una gran cadena beneficie necesariamente a toda la comunidad. La pregunta que plantea la CHUR es qué sucede con los pequeños comercios cuando una empresa con mayor capacidad económica comienza a competir directamente con ellos.
Según la organización, las grandes tiendas de conveniencia pueden desplazar a los negocios pequeños que ya forman parte de la economía local. La CHUR señala que por cada establecimiento de este tipo podrían perderse hasta 35 comercios. Aunque esta cifra requiere corroboración independiente, plantea una preocupación concreta sobre las condiciones de competencia entre las grandes cadenas y los negocios familiares.
Cuando una tienda de estas dimensiones llega a una zona, parte del consumo que anteriormente circulaba entre pequeños comercios puede concentrarse en una sola empresa. Para la CHUR, esto representa un problema porque la riqueza generada por el consumo deja de circular en la misma proporción dentro de la comunidad.
Este fenómeno puede interpretarse a cuentas resumidas como un acuerdo feudal contemporáneo. Supongamos que el dueño del corporativo 3B, Anthony Hatoum, hace función de rey dentro de este sistema, mientras el franquiciatario de la sucursal establecida actúa como señor feudal. Este franquiciatario debe cumplir con una cuota o pierde sus derechos sobre la franquicia, y de esa cuota debe entregarle un porcentaje al rey o dueño del corporativo.
Supongamos que dentro de la comunidad circulan 1000 pesos, los cuales previo a la instalación de la cadena comercial se distribuían dinámicamente entre los comercios locales. No sólo tiendas de abarrotes o misceláneas, sino que al estar dentro de un “ecosistema” financiero local, se distribuye a otros oficios y profesiones. Al llegar una cadena grande, ya sea 3B, Oxxo o lo que sea, estas grandes empresas comienzan a acaparar una porción más grande del dinero que circulaba originalmente. Ahora, de esos 1000 pesos, 500 se van para la corporación, de los cuales digamos, un 20% se va para el rey, el corporativo. Ahora de esos 1000 pesos que circulaban originalmente sólo quedan 900. Esa concentración de la riqueza se vuelve sucesiva hasta que la comunidad se queda con una fracción de lo que poseía originalmente.
Además, la organización advierte que la llegada de una tienda de conveniencia puede incentivar posteriormente la instalación de otra cadena que busque competir con ella. En ese escenario, los grandes establecimientos terminan disputándose el mercado mientras las pequeñas tiendas tienen cada vez menos posibilidades de sobrevivir.
¿Qué tiene que ver 3B con el conflicto territorial de Cholula?
Para entender la protesta también es necesario mirar lo que ocurre alrededor de ella. Cholula atraviesa una expansión inmobiliaria que ha transformado rápidamente distintas zonas del territorio. El crecimiento de fraccionamientos, la reducción de áreas verdes y la presión sobre el agua generan preocupación entre habitantes de las comunidades originarias.
Para quienes defienden el territorio, cada nuevo proyecto debe analizarse considerando sus efectos acumulativos. Una tienda puede parecer un proyecto menor frente a un fraccionamiento, pero forma parte de una transformación más amplia del territorio.
En este contexto aparecen las Estrategias de Protección Territorial, aprobadas mediante asamblea comunitaria en abril de 2026, según la CHUR. Estas buscan establecer límites al crecimiento de determinados proyectos dentro de los polígonos de protección de los pueblos originarios, incluyendo fraccionamientos, pozos profundos y tiendas de conveniencia.
Aquí se encuentra uno de los principales conflictos entre la comunidad y las autoridades. Mientras los pueblos organizados consideran que sus asambleas deben ser tomadas en cuenta, el gobierno municipal puede respaldarse en la legislación para autorizar proyectos sin considerar esas decisiones comunitarias.
La CHUR sostiene que sus normas no pretenden sustituir al gobierno municipal, sino garantizar la participación de los pueblos en las decisiones que afectan su territorio. También señala que las nuevas disposiciones no tienen efecto retroactivo, por lo que establecimientos de cadenas comerciales instalados antes de abril de 2026 no serían afectados.
¿Progreso para quién?
Decir que 3B representa progreso es sencillo cuando solamente se consideran sus precios y la comodidad para los consumidores. Pero el “progreso” también tiene consecuencias que no son inicialmente evidentes. Si una comunidad pierde pequeños negocios, áreas verdes, acceso al agua o habitantes que ya no pueden costear vivir en su territorio, resulta necesario preguntarse quién obtiene realmente los beneficios.
Cholula no es un espacio vacío esperando nuevas inversiones. Es un territorio habitado por comunidades con formas propias de organización y una relación histórica con el lugar. Si esas comunidades realizan asambleas para decidir cómo quieren protegerlo, ignorarlas bajo el argumento de su falta de validez jurídica tampoco resuelve el conflicto.
El caso de 3B debería servir para abrir esa conversación. No se trata solamente de decidir si queremos una tienda cerca de casa, sino qué tipo de crecimiento estamos dispuestos a aceptar y cuánto territorio estamos dispuestos a sacrificar en nombre del progreso.
Porque al final, debemos seguirnos cuestionando ¿Progreso para quién, progreso cómo y decidido por quién?
