Sucedió el lunes a las 11 de la mañana. Una multitud formada por los pueblos cholultecas, y gente afín a la lucha por el agua y el territorio, se reunieron frente al Centro de Justicia de la Federación. Su motivo de estar ahí: el acompañamiento a Renato Romero y Pascual Bermúdez frente a nuevas denuncias y acusaciones que se les impuso. Ante la llegada de activistas, la prensa y representantes de los pueblos originarios, el gobierno demostró la forma en que intimida a activistas que resisten la criminalización, utilizando granaderos, Guardia Nacional e incluso la Marina.
La continua criminalización de las personas defensoras
Lo ocurrido frente al Centro de Justicia es parte de una serie de eventos que han ocurrido desde antes de Mayo del actual año. A Romero y a Bermúdez se les criminaliza bajo el esfuerzo mixto de las autoridades gubernamentales y empresas extractivistas como Agua de Puebla en particular. Esto desde una manifestación realizada sobre la autopista México-Puebla como respuesta a la omisión del gobierno a las mesas de diálogo y el cabildo abierto.
Desde entonces, Agua de Puebla ha presionado a los activistas bajo la fabricación de delitos, como la reciente acusación de “daños a propiedad ajena y despojo”. A pesar de que dichos cargos se desestimaron, nuevamente se reanudó la persecución de Romero y Bermúdez con la integración de la FGR al problema.
“Pensamos que el dinero y la influencia que tiene Agua de Puebla, y también los intereses que tiene el gobierno sobre el agua, hace que ahora el gobierno federal se meta en este proceso de criminalización”
Agregó el abogado Juan Carlos Flores previo a explicar cómo ahora es CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) quien está demandando a Renato y Pascual por obstrucción de las vías generales de transporte.
Bajo intensa seguridad, se intimida a activistas
Mientras que al interior del Centro de Justicia se realizaba la audiencia para vinculación a proceso de los activistas, al exterior se realizaba un tenso encuentro entre cholultecas. Como se mencionó previamente, al inicio de la audiencia acudió un grupo de pobladores de la región cholulteca y gente afín, buscando mostrar su apoyo. Del mismo modo, las autoridades gubernamentales decidieron armar un operativo de alta seguridad frente al Centro de Justicia, donde se emplearon distintas fuerzas con el objetivo de intimidar a los activistas presentes.
El gobierno hizo exhibición de su monopolio sobre la violencia empleando distintas fuerzas. La más notoria fue la hilera de granaderos conformados por la policía estatal, quienes iban equipados con trajes robustos y escudos “antidisturbios” que delataban su constante uso de la fuerza a través del desgaste. Agregado a esto, asistentes a la audiencia mencionaron que poco antes de las 11 la Marina hizo acto de presencia, así como a lo largo de la tarde se vieron rondines armados de la Guardia Nacional.
No cabe duda de que esto fue una respuesta exagerada a la cantidad de personas que asistieron a la audiencia. No sólo por el potencial uso desmedido de la fuerza que pudo haber ocurrido si las autoridades decidían arremeter contra quienes atendieron, sino que también porque un amplio porcentaje de las personas que llegaron constaba de adultos mayores. Agregado a esto, se notificó que entre las autoridades había quienes estaban tomando fotos a las personas que llegaban a apoyar el evento. Esto último es importante, ya que debemos recordar que en la manifestación pasada del 26 de agosto ocurrió un leve altercado con un policía al que se le reclamó que no tomara fotos de los manifestantes, y que posteriormente Armenta utilizó como argumento para acusar una supuesta agresión.
Es claro que las acciones de las fuerzas de “seguridad” del Estado realizan este tipo de actos con tal de intimidar a quienes les critican. Una serie de estrategias autoritarias que recuerdan al periodo morenovallista en el estado de Puebla con tal de cumplir los intereses corporativos y gubernamentales. Sin embargo, es importante recordar que la acción de los pueblos va más allá de los topes que ponga el gobierno. La acción que se ha logrado contra el basurero y Bonafont, sólo evidencia lo que puede lograr la gente de la región cholulteca.
Al finalizar la audiencia cerca de las 2 de la tarde, se indicó que continuaría en una segunda sesión mañana, viernes 5 de septiembre a las 2:00 pm.
