La tala en San Mateo Ozolco no es un hecho aislado, es un despojo ambiental tolerado por el poder local. Desde noviembre, la destrucción del bosque en el Izta-Popo ha encendido alertas comunitarias. La población de Ozolco denuncia que la explotación forestal en territorio indígena es impulsada por intereses privados y autoridades locales. En medio de esta disputa, se reabre un conflicto histórico por la tierra, el agua y el control del patrimonio natural.
De acuerdo con habitantes y representantes comunitarios, uno de los principales actores es Jesús Aizpuru, cuya familia tiene antecedentes de control territorial en la región. Pobladores y pobladoras acusan que Aizpuru promueve la tala del monte bajo permisos cuya legalidad y alcance han sido cuestionados por la comunidad. Dentro de estos permisos, hay un total desdén por criterios técnicos y uso tradicional del bosque.
Las denuncias señalan que los trabajos forestales no responden a un esquema de saneamiento ambiental. Están orientados a un aprovechamiento intensivo que prioriza el beneficio privado sobre la conservación del ecosistema.
Luchar contra la tala es luchar por el agua en Ozolco
El desarrollo de este conflicto ha circulado alrededor de la cuestión del agua. La transpiración vegetal es un proceso importantísimo, pero ignorado a menudo; los árboles absorben agua del subsuelo y mediante sus hojas la liberan a la atmósfera. Entre uno de los muchos daños consecuentes de la tala, se encuentra el perjuicio al ciclo natural del agua.
La tala del bosque no sólo afecta al monte al que pertenece, sino que también a toda la región cuyas lluvias y mantos se ven afectados. En el contexto nacional donde hay una crisis por el agua, este se vuelve un bien que debemos procurar.
Pero el conflicto por el agua en Ozolco no se limita al daño que puedan recibir los mantos acuíferos locales. La comunidad de Ozolco ha denunciado que Aizpuru ha amenazado con cortar el suministro de agua potable que abastece a la comunidad si esta no avala la explotación forestal en el monte. Estas amenazas se habrían dado en el contexto de asambleas y negociaciones forzadas.
Para la población, condicionar el acceso al agua representa una forma de presión directa sobre un recurso vital. A pesar de esto, las autoridades no han respondido en cuanto a sus responsabilidades frente a estas acusaciones.
Turismo de lujo y mercantilización del bosque
Habitantes de Ozolco también vinculan la tala con proyectos turísticos de alto nivel que avanzan en la región del Izta-Popo. De acuerdo con la comunidad, estos desarrollos promueven una imagen de “turismo sustentable” mientras eliminan cobertura forestal para abrir caminos, lotes y servicios destinados a visitantes de alto poder adquisitivo.
Pobladores y pobladoras señalan que este modelo transforma el bosque en un producto de consumo, desplazando a las comunidades originarias y rompiendo el equilibrio ambiental. La tala en Ozolco, sostienen, no responde a una visión comunitaria del territorio, sino a una lógica extractiva que deja impactos ambientales y sociales permanentes.
A partir de estas discrepancias, la comunidad ha denunciado la ausencia de consulta previa, libre e informada, a pesar de que el territorio afectado forma parte de tierras de uso común. En asambleas recientes, habitantes exigieron acceso a permisos forestales y estudios de impacto ambiental, sin que se haya garantizado la entrega completa de esta información.
Esta falta de transparencia ha incrementado la desconfianza hacia las autoridades locales, a quienes acusan de favorecer la continuidad de la tala pese al rechazo expresado por la mayoría de la población.
Organización comunitaria y cierre del monte
Ante la falta de respuesta institucional, pobladores de Ozolco decidieron cerrar accesos al monte y conformar comités de vigilancia comunitaria. El objetivo es evitar se continúe con la tala de árboles la cual el pueblo no está de acuerdo y no ha sido consultado para estás acciones. Estas acciones han evidenciado tensiones internas y presiones externas, en un contexto donde la comunidad asegura que su autonomía territorial está siendo vulnerada.
Por otro lado, organizaciones civiles y especialistas en derechos indígenas han advertido que el caso de Ozolco refleja un patrón recurrente en regiones de alto valor ecológico: permisos opacos, presión económica y omisión institucional que debilitan la capacidad de los pueblos originarios para decidir sobre su territorio. La zona del Izta-Popo es estratégica para la recarga de acuíferos y la conservación ambiental. La pérdida de cobertura forestal, advierten los habitantes, compromete el acceso futuro al agua y la estabilidad del ecosistema regional.
Mientras la tala en Ozolco continúa siendo denunciada, la comunidad exige que las autoridades actúen conforme a la ley, revisen los permisos otorgados y garanticen el respeto a los derechos colectivos. Para los pobladores, el conflicto no es únicamente ambiental, sino territorial.
El marco constitucional y los tratados internacionales firmados por México reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el uso y manejo de su territorio, así como a ser consultados ante cualquier proyecto que afecte sus recursos naturales. En Ozolco, la exigencia es clara: que la protección del bosque y la autonomía comunitaria prevalezcan sobre intereses privados y esquemas de desarrollo impuestos.
