El conflicto por la descarga de aguas negras en la comunidad de San Lucas Atzala, municipio de Calpan, Puebla, se agudizó el pasado 3 de diciembre cuando los pobladores, tras meses de demandas sin atención, decidieron cerrar el paso de las aguas residuales que provienen de la cabecera municipal. Esta acción fue una respuesta directa a los graves daños que han sufrido, incluyendo la inundación de sus tierras, la destrucción de cultivos y un riesgo severo de contaminación, los vecinos explicaron que el problema se agravó porque las aguas, vertidas en una excavación, se regaron por las lluvias hacia la carretera y los cultivos de al menos 100 agricultores, generando incluso riesgo de accidentes viales.
Las aguas se depositaban en una excavación de 15 metros de profundidad cerca del ex basurero de Cholula, lo que representa una amenaza directa para los mantos acuíferos de la región cholulteca, que se encuentran aproximadamente a 30 metros de profundidad. Ante la manifestación pacífica, el presidente municipal de Calpan, Vicente Sánchez, se presentó y se comprometió a dar solución al problema, a pagar los daños a los cultivos de más de cien pequeños propietarios y a dejar de verter aguas residuales en el territorio de Atzala. Como parte de este acuerdo inicial, se convocó a una asamblea para el domingo 9 de diciembre a las 9 de la mañana en San Lucas Atzala.
Sin embargo, a cuatro días de este compromiso, la situación no mejoró. El 6 de diciembre la comunidad reportó que las autoridades no habían cumplido su palabra de desviar «provisionalmente» las aguas para frenar los daños y la contaminación mientras se encontraba una solución permanente. La urgencia aumentaba día a día.
Finalmente, el domingo 7 de diciembre se llevó a cabo una asamblea municipal en San Lucas Atzala, transmitida en vivo por Mi Radio Zacatepec Tlaxcalancingo. En esta reunión se profundizó en la gravedad ecológica del problema, se explicó que las aguas negras atraviesan una zona vital de recarga hídrica, alimentada por el bosque de la región cuidado principalmente por las comunidades de San Mateo Ozolco y San Lucas Atzala y que este sistema es el origen de los mantos acuíferos que abastecen a una amplia zona, incluyendo Cholula, Huejotzingo y Zacatepec.
La contaminación de estas venas de agua representa, por lo tanto, un daño ambiental de gran escala para toda la región. Ante esta realidad y con la presencia del presidente municipal, la comunidad estableció de manera clara tres puntos no negociables para el diálogo, derivados de los compromisos previos de Vicente Sánchez.
Primero, el paro inmediato e irrevocable de cualquier descarga de aguas negras en su territorio. Segundo, la entrega formal de la propuesta completa y la documentación oficial del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo los papeles del terreno de dos hectáreas ya adquirido, exigiendo transparencia y hechos concretos más allá de las promesas. Y tercero, la reparación económica por los daños causados a los cultivos en el presente ciclo, junto con la presentación obligatoria por parte del municipio de un Estudio de Impacto Ambiental que evalúe el daño real causado por las descargas.
La comunidad de San Lucas Atzala, consciente del riesgo colectivo y respaldada por la gravedad de la situación, mantiene una postura firme, exigiendo acciones documentadas y soluciones tangibles de inmediato, sin más dilaciones por parte de las autoridades municipales.
El conflicto en San Lucas Atzala expone décadas de negligencia municipal. Aunque la protesta comunitaria forzó un diálogo y un proyecto de planta tratadora de 42.5 MDP, las soluciones concretas brillan por su ausencia: no hay cese de descargas, ni fecha de obra, y persisten amenazas veladas. La comunidad exige ahora compromisos verificables, mientras el desenlace se define entre una solución real o la judicialización total del conflicto. Es una lucha por justicia ambiental frente a la inercia institucional.
Daniela Gutiérrez
