La desaparición de Karla Alejandra trasciende lo individual para convertirse en un símbolo de la emergencia humanitaria que vive Puebla. Por ello, este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, se convocó a una protesta pacífica frente a la Fiscalía General del Estado a las 8:30 de la mañana. Esta cita fue un acto de memoria colectiva, una exigencia firme de rendición de cuentas y un llamado urgente a la acción efectiva del Estado, en línea con lo que establecen los Artículos 79, 85, 111 y 112 sobre la participación de la sociedad y la obligación de garantizar el acceso a la justicia.
Este llamado a la movilización surge de una crisis de proporciones alarmantes en México, que tiene un impacto particularmente devastador en mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes. En Puebla, esta problemática exige una respuesta institucional robusta y coordinada que, según evidencian casos recientes, no siempre se materializa. El marco jurídico, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, es claro: obliga a todas las autoridades a actuar de manera inmediata, para ello existen instrumentos como la Alerta Amber, un mecanismo de difusión inmediata para localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes cuya vida se encuentra en riesgo inminente, y el Protocolo Alba, un programa de actuación para la búsqueda inmediata de mujeres y adolescentes cuyo paradero se desconoce, el cual está formalmente implementado en el estado. Esta actuación se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 17 de dicha ley.
La efectividad de estas herramientas depende de la coordinación entre instituciones como la Comisión de Búsqueda del estado, la Fiscalía Especializada y las fuerzas de seguridad, todas obligadas por ley a privilegiar el interés superior de las víctimas y los derechos de las familias, tal como establece el Artículo 21, que consagra el derecho a la búsqueda e investigación inmediatas. Sin embargo, estas medidas contrastan brutalmente con la cruda realidad estadística: desde 2018 hasta 2024, se han reportado más de 4,500 personas desaparecidas en Puebla, esta escalofriante cifra que equivale a la desaparición de la población completa de un municipio como Zacatlán, confirma una emergencia de gran magnitud. De este total, cerca del 60% son mujeres, niñas y adolescentes, y la mayoría tiene entre 15 y 29 años. Esta crisis, con un claro componente de género, convierte a Puebla en un lugar de alto riesgo para las mujeres jóvenes.
La desaparición de Karla Alejandra Tela Flores no es un caso aislado, sino el reflejo de esta crisis profunda, el pasado 14 de julio se cumplió un año desde que Karla, de 25 años, fue vista por última vez. Desde entonces, su familia ha emprendido una búsqueda incansable, convertida en una lucha por la verdad y la justicia que ha tenido que enfrentarse a la lentitud y las omisiones de las autoridades. El Artículo 40 de la Ley es claro al señalar que el Ministerio Público debe iniciar de inmediato la investigación y agotar todas las líneas, algo que su familia denuncia no haber visto. Esta negligencia, común en muchos casos, tiene raíz en la falta de recursos económicos y humanos destinados a las fiscalías, la escasa capacitación del personal en protocolos con perspectiva de género y la ausencia de una voluntad política real para priorizar estas investigaciones. Medios como Reto Diario y Milenio han documentado que la investigación no avanza, mostrando la negligencia institucional a pesar de la existencia de los protocolos.
Frente a esta inacción, la familia de Karla no se ha quedado quieta. Como se ve en el emotivo y revelador reportaje de Poblanerías, su madre relata la angustia y la frustración de enfrentarse a un sistema que parece no priorizar su caso. En un claro y desgarrador llamado a las autoridades, ella exige: «Le pido a la Fiscalía… que le de agilidad no tan solo a mi oficio, sino a todos, veo que somos muchas las familias que estamos padeciendo esta tragedia, que lo solucione lo más pronto posible, porque si fuera una hija de un político ya la hubieran encontrado, ya estuviera con nosotros. Pero como es una ciudadana más, no hacen nada».
Por su parte, la Fiscalía de Puebla ha manejado el caso con opacidad, generando más angustia que soluciones, la familia denuncia que la investigación ha estado llena de negligencias, lo que va en contra del principio de debida diligencia (Artículo 18) y del derecho a la verdad (Artículo 52). Los supuestos avances anunciados por las autoridades no se han traducido en hallazgos reales y el caso sigue estancado, sin que se sepa nada de su paradero. Esta inoperancia no es exclusiva de este caso; es una constante en muchas otras desapariciones en el estado, lo que genera una profunda desconfianza en las instituciones y deja a las familias en un limbo de impunidad con consecuencias devastadoras: crisis económica por dejar sus trabajos para buscar y graves daños a la salud mental como ansiedad, depresión y un trauma permanente.
Frente a esta realidad, la solidaridad se vuelve acción la ciudadanía puede ayudar de formas concretas: asistiendo a las protestas; difundiendo en redes sociales el caso de Karla Alejandra con hashtags como #JusticiaParaKarlaAlejandra y #YLasQueremosVivas; exigiendo directamente a las autoridades, a través de sus canales oficiales, el cumplimiento de la ley; y apoyando a los colectivos de búsqueda con donaciones o voluntariado. La presión social organizada es fundamental para romper el ciclo de impunidad.
En última instancia, la desaparición de personas representa la expresión más brutal y terminal de una violencia estructural generalizada y profundamente normalizada en nuestra sociedad. Esta violencia no es un fenómeno aislado, sino una continuidad que se manifiesta y reproduce a todos los niveles. Se observa en lo micro: en los piropos agresivos en la calle, en el control sobre la autonomía corporal o en los chistes que denigran a diversos grupos sociales. Se estructura en lo macro: a través de leyes y políticas públicas insuficientes, en la revictimización mediática y en la impunidad que rodea los crímenes de género.
Se institucionaliza en la falta de protocolos efectivos contra el acoso en escuelas y universidades, en las brechas salariales, las barreras laborales y la negligencia de las fiscalías que no investigan con perspectiva de derechos humanos, la normalización de estas prácticas cotidianas allana el camino para las atrocidades; las desapariciones y los homicidios dolosos se convierten en el último eslabón de una cadena de violencia que comienza con la tolerancia social hacia las discriminaciones más sutiles.
Mientras no transformemos colectivamente esta cultura que cosifica a las personas y vulnera sus derechos en todos los espacios desde el ámbito doméstico hasta las instituciones y mientras no haya verdad ni justicia para Karla Alejandra y para todas las personas que faltan, ninguna persona en Puebla o en México podrá sentirse realmente segura. La movilización social trasciende por mucho una exigencia de justicia por un caso concreto. Es un grito colectivo por un cambio de raíz, por desarticular cada uno de esos eslabones de violencia, desde el más imperceptible hasta el más evidente, es la esperanza de construir un futuro donde nadie tenga miedo de desaparecer por el simple hecho de ser quien es.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Ambas manos. (2023, julio 14). Historia de Facebook [Actualización de estado]. Facebook. Recuperado 28 de julio de 2023, de https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1227430332761247&id=100064828745789
Ambas manos. (2023, julio 14). Este 14 de julio se cumplió un año desde que Karla Alejandra Tela Flores, de 26 años, desapareció en Choloma, Cortés… [Video]. Facebook. Recuperado 28 de julio de 2023, de https://www.facebook.com/AmbasManosOficial/videos/1902162160575560/
Milenio Digital. (2023, julio 15). Karla Alejandra Tela Flores: exigen búsqueda de joven desaparecida. Milenio. Recuperado 28 de julio de 2023, de https://www.milenio.com/politica/comunidad/karla-alejandra-tela-flores-exigen-busqueda-joven-desaparecida
Daniela Gutiérrez
