La presión del Estado y sus intereses en colusión con las grandes empresas se evidencia. El pasado 5 de septiembre se lleva a cabo la segunda audiencia de los defensores del agua y el territorio Pascual Bermúdez y Renato Romero. Tras la demanda impuesta por CAPUFE, los defensores fueron vinculados a proceso por un juez federal.
Continuando el proceso judicial de los activistas, la segunda audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia de la Federación. A las 2:30 de la tarde, el citatorio buscó sentenciar el supuesto daño a las vías de transporte y comunicación que demandó CAPUFE. Estas acusaciones derivan del cierre de la autopista México-Puebla ocurrido el 28 de mayo en San Miguel Xoxtla.
Al finalizar la audiencia, se anunció que los defensores Pascual Bermúdez y Renato Romero fueron vinculados a proceso. Esto no significa que sean culpables, sino que se llevará a cabo una investigación a lo largo de 2 meses para declarar un dictamen. Así mismo, se informó que el juez no tomará ninguna medida cautelar contra los activistas, por lo que durante su proceso se encontrarán en libertad.
Agregado a esto, el abogado representante de los defensores Tonatiuh Sarabia declaró que el proceso podría derivar en un juicio oral que tomaría un año. Además determinó que el ministerio público carece de pruebas sólidas para fundamentar las acusaciones a Pascual y Romero.
Preocupa criminalización a defensores en el país
A la hora de observar el caso de Pascual y Renato, debemos contemplar el contexto de criminalización que viven los defensores en el país. El hecho de que los dos activistas hayan sido señalados, surge desde una persecución sistemática a la protesta social. Este agravio se manifiesta desde la fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, la ausencia de pruebas, y un uso excesivo de prisión preventiva.
De esta manera se evidencia la fragilidad del sistema de justicia y penitenciario de México; se castiga al defensor pero se premia al saqueador. Esto lo podemos ver claramente en la defensa del agua, particularmente en la realidad que se vive en la cuenca del Alto Atoyac. Industrialización, desperdicios tóxicos, saqueo, impunidad, privatización, y los índices más altos de cáncer y leucemia en toda la nación… Sólo algunos de los problemas presentes en tan sólo ésta región.
Uno pensaría que las autoridades regionales buscarían el bienestar de la gente; que permitirían la construcción de un ambiente digno y saludable. Pero ese no es el caso. La reciente liberación del defensor Saúl Rosales lo evidencia, quien pasó 3 años encarcelado injustamente por luchar por los bosques de su pueblo. Y mientras que a Pascual y Renato se les vincula a proceso, a empresas como Agua de Puebla, entre otras, se les protege.
El entorno que encuadra el actual conflicto por el agua y el territorio es tal, que se necesita la acción de todas las personas posibles. Es necesaria la organización comunitaria, la cercanía entre vecinos y el fortalecimiento del tejido social, sobre todo dentro del escenario histórico que vive el país. Buscando soluciones locales, a problemas locales, podemos garantizar el bienestar para todos.
