El pasado 5 de septiembre de 2025, durante una transmisión en vivo, académicos, sobrevivientes y defensores de derechos humanos reiteraron un mensaje contundente: las violaciones graves cometidas en México durante la segunda mitad del siglo XX no fueron excesos aislados ni errores de militares desobedientes. Fueron políticas de Estado.
La discusión retomó los hallazgos del Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), publicado en 2024 bajo el título Fue el Estado (1965-1990), y colocó en el centro de la conversación el impacto que esa violencia sistemática dejó en la sociedad mexicana y en las luchas por la memoria, la justicia y los derechos humanos.
El Estado como perpetrador central
El MEH documenta, con miles de testimonios y archivos, que el Estado mexicano fue el principal responsable de las violaciones graves a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Aunque existieron grupos de empresarios, medios de comunicación y organizaciones paramilitares que apoyaban o financiaban acciones violentas, la planeación, ejecución y justificación de esas políticas provinieron de las más altas esferas del poder.
Los llamados “planes de contrainsurgencia”, como Plan Telaraña o Plan Amistad, mostraban una estrategia deliberada para controlar y aniquilar disidencias. Estas medidas se aplicaron contra una amplia gama de sectores: estudiantes, periodistas, comunidades indígenas, campesinas, obreras, movimientos urbano-populares, así como contra disidencias político-partidistas. El MEH también señala que comunidades enteras fueron atacadas por oponerse a políticas públicas de desarrollo, proyectos de infraestructura o al control territorial. Estas poblaciones fueron reprimidas mediante desplazamientos forzados, masacres y la militarización de sus espacios comunitarios con el fin de disciplinarlas socialmente.
Lejos de casos aislados, se trató de un proyecto sistemático de represión. El mito de que las atrocidades fueron obra de “manzanas podridas” dentro de las instituciones se desmorona ante la evidencia: el aparato de Estado creó las condiciones, autorizó las acciones y garantizó la impunidad.
En este entramado de violencia, el MEH identificó como perpetradores a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Policía Federal de Caminos y corporaciones estatales de policía en entidades como Guerrero, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Sinaloa. También fueron señalados funcionarios, mandos militares y agentes de seguridad implicados directamente en desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Derechos humanos sistemáticamente vulnerados
Entre 1965 y 1990 se cometieron más de 11,000 violaciones graves a derechos humanos, incluyendo:
- Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
- Tortura y tortura sexual.
- Prisión por motivos políticos.
- Masacres y desplazamientos forzados.
El MEH enfatiza que muchas de estas violaciones ocurrieron contra poblaciones indígenas, campesinas y urbano-populares que se opusieron a proyectos de modernización o resistieron el control de la ilegalidad, siendo catalogadas como “enemigos internos”. Estos crímenes violentaron derechos fundamentales reconocidos internacionalmente: el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad física y psicológica, la no discriminación y la justicia.
La magnitud de los hechos alcanzó a comunidades enteras, donde mujeres, jóvenes y personas adultas mayores también fueron víctimas. Puebla ofrece ejemplos paradigmáticos: en Monte de Chila y Jolapa ocurrieron masacres que dejaron decenas de muertos, parte de las diez masacres documentadas en el país durante ese periodo. Estos hechos no solo destruyeron vidas, sino que fracturaron comunidades y sembraron un clima de miedo que inhibió la participación social y política.
De la contrainsurgencia a la “guerra contra el narcotráfico”
Uno de los puntos más debatidos en la transmisión fue la transición del paradigma de la contrainsurgencia al de la guerra contra el narcotráfico. En estados como Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, operativos militares bajo la bandera del combate al narcotráfico replicaron las mismas tácticas de desaparición, tortura y represión que décadas antes se habían usado contra movimientos sociales.
Según el informe, esta estrategia permitió al Estado gestionar economías criminales y redes de impunidad, facilitando la expansión del narcotráfico y la formación de grupos extremadamente violentos, como los Zetas, integrados por ex militares entrenados en Estados Unidos. Así, técnicas de guerra aprendidas en la contrainsurgencia fueron transferidas al crimen organizado, generando un círculo de violencia que persiste hasta hoy.
El ejército y el pacto de silencio
El papel del ejército fue uno de los temas más cuestionados. A pesar del discurso oficial que aseguraba que los militares obedecían órdenes civiles, los hallazgos muestran que los mandos castrenses actuaban con autonomía, decidiendo cómo y contra quién desplegar la violencia. Hoy en día, el ejército sigue negándose a abrir sus archivos, mutilando documentos y manteniendo un pacto de silencio e impunidad. Para los perpetradores, se transmitió la certeza de que, pasara el tiempo que pasara, “no habría consecuencias”.
El MEH advierte que este pacto se ha reforzado con la creciente militarización de la vida pública en México. Desde finales de los noventa, las Fuerzas Armadas ampliaron su presencia en seguridad pública, combate al narcotráfico, control migratorio e incluso en la administración de infraestructura estratégica. Esta expansión no ha sido acompañada de control civil ni de rendición de cuentas, lo que perpetúa la impunidad.
En estados como Guerrero, Puebla y Chiapas, la militarización ha significado la continuidad de patrones de violencia contra comunidades campesinas e indígenas que exigen derechos sobre sus tierras o se oponen a proyectos extractivos.
La fuerza de las familias y colectivos
El MEH enfatiza que los avances no fueron concesiones estatales, sino producto de décadas de lucha de las familias: madres, esposas, hermanas e hijos que transformaron la plaza pública en un espacio de memoria y exigencia. En Guerrero, Puebla, Jalisco y otras regiones, familiares documentaron masacres, desapariciones y torturas que el Estado intentaba ocultar. Su persistencia permitió la creación de instancias como la Comisión para la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, aunque enfrentó obstáculos constantes impuestos por las Fuerzas Armadas.
Además, se da cuenta de cientos de testimonios públicos en los “Diálogos por la Verdad”, en los cuales las familias narran la violencia padecida, no solo contra militantes políticos, sino también contra comunidades enteras estigmatizadas y atacadas.
Impacto en la sociedad y legado actual
Las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado no solo dejaron miles de víctimas directas: erosionaron el tejido social, sembraron miedo e inhibieron la organización política. En Puebla, los desplazamientos forzados y las masacres dejaron comunidades despojadas de sus tierras, cortando la transmisión cultural y comunitaria. En el ámbito urbano, el hostigamiento contra movimientos populares generó un clima de criminalización hacia los pobres y marginados.
El legado actual se refleja en la persistencia de la militarización, la normalización de la tortura y la impunidad. Como advierte el informe, la llamada “guerra contra las drogas” fue solo una actualización del paradigma contrainsurgente, y casos como Ayotzinapa demuestran que la lógica represiva del Estado sigue vigente.
¿Por qué sigue ocurriendo?
El MEH identifica factores de persistencia que explican la continuidad de las violaciones a derechos humanos tras 1990: la militarización de la seguridad pública, la impunidad estructural que protege a perpetradores, la criminalización de la protesta social y la connivencia entre Estado y economías criminales. La militarización es uno de los factores más graves: al transferir funciones de seguridad civil al ejército y la marina, se normaliza su presencia en calles, retenes y operativos. Esta dinámica reproduce patrones de violencia contrainsurgente bajo un nuevo discurso de seguridad nacional y lucha contra el narcotráfico.
El MEH concluye que mientras la militarización siga siendo el pilar de la seguridad pública y del control social, México seguirá reproduciendo violaciones graves a derechos humanos contra sectores sociales que demandan justicia, igualdad y acceso a la tierra.
Recomendaciones para la verdad, la memoria y la no repetición
El informe propone medidas clave para romper este ciclo de violencia e impunidad:
- Reconocimiento oficial del periodo de violencia estatal como parte de la historia de México.
- Apertura total de los archivos militares y de seguridad.
- Fortalecimiento de políticas de memoria a través de memoriales, programas educativos y espacios comunitarios.
- Justicia y reparación integral a las víctimas.
- Desmilitarización de la seguridad pública y fortalecimiento de instituciones civiles.
- Reconocimiento y protección de los colectivos de víctimas y familiares, cuyo papel ha sido decisivo en la construcción de verdad y memoria.
Estas recomendaciones buscan garantizar que violaciones tan graves no se repitan y que la sociedad mexicana pueda caminar hacia un futuro democrático basado en la justicia y los derechos humanos.
Conclusión
El mensaje del 5 de septiembre fue inequívoco: “Fue el Estado”. No se trató de excesos individuales, sino de una política estructurada que combinó intereses políticos, militares y económicos.
La exigencia actual es clara: reconocer a las víctimas, garantizar su derecho a la verdad, abrir los archivos militares y romper con el pacto de silencio. Sólo así México podrá avanzar hacia un futuro en el que la justicia y los derechos humanos sean el fundamento de la vida democrática.
El desafío es enorme, pero las voces de las víctimas y de sus familias siguen recordándonos que la memoria es un acto de resistencia y que la verdad es el primer paso hacia la no repetición.
Fuentes de información:
Narrativas y Memorias
Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico
https://www.meh.org.mx/especial-informe-final/
Daniela Gutiérrez
