Tras intensas movilizaciones y bloqueos viales en la zona metropolitana, la resistencia de las comunidades indígenas de Tlaxcalancingo, Cacalotepec, Tonantzintla, Comac y San Andrés Cholula logró un avance histórico. Luego de una mesa de negociación con representantes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y directivos estatales, se trazó una ruta jurídica que obliga a las autoridades a sesionar, rompiendo el estancamiento burocrático e integrar las Estrategias de Protección Territorial de los Pueblos Originarios.
Obligación legal, no voluntad política
La comunidad recordó que desde el 20 de octubre el Ayuntamiento impuso dinámicas unilaterales, ignorando las demandas frente al despojo inmobiliario y la crisis del agua. Sin embargo, gracias a la estrategia legal de los manifestantes, el panorama cambió drásticamente. Las autoridades estatales fueron notificadas de una sentencia definitiva dictada el 8 de junio y ratificada el 11 de junio de 2026. Los portavoces indígenas explicaron que las mesas de trabajo ya no dependerán de la «voluntad política», sino de un estricto mandato judicial federal.
Los acuerdos clave y plazos fijos
La reunión con los funcionarios estatales derivó en compromisos concretos:
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Plazo de 20 días: El gobierno estatal tiene un máximo de 20 días, a partir del 11 de junio, para convocar a la primera reunión tripartita. Aunque se comprometieron a notificar por escrito si el encuentro se logra concertar antes.
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Convocar al Ayuntamiento y Universidades: Por mandato de un juez federal, el delegado del estado notificará formalmente al Ayuntamiento de San Andrés Cholula para obligarlo a asistir. Asimismo, se cumplirá el acuerdo de integrar a las universidades para evaluar la viabilidad de las «Estrategias de Protección Territorial».
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