Por Alan Loyola y María José Zardain
Habitantes de comunidades indígenas del municipio de Chilapa de Álvarez han denunciado una grave escalada de violencia derivada de los enfrentamientos entre los grupos criminales conocidos como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. La situación ha provocado desplazamientos forzados, personas heridas y un clima de temor constante entre la población.
De acuerdo con reportes difundidos por diversos medios nacionales, comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuetlán han sufrido ataques armados durante varios días consecutivos. Pobladores denunciaron el uso de armas de alto calibre e incluso drones explosivos, lo que obligó a cientos de familias a abandonar sus hogares para resguardarse en iglesias, auditorios y comunidades cercanas.
Organizaciones comunitarias e indígenas señalaron que la violencia afecta principalmente a la población nahua y denunciaron la falta de atención inmediata por parte de las autoridades. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) afirmó que existen comunidades prácticamente sitiadas por grupos armados y exigió la intervención urgente de los tres niveles de gobierno.
Según información obtenida de Sinembargo.mx. La Secretaría de Seguridad federal informó que al menos 96 personas han sido desplazadas oficialmente, aunque colectivos comunitarios aseguran que la cifra real podría ser mucho mayor, alcanzando entre 800 y 1000 familias desplazadas.
La disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos” no es nueva, según información de El País, ambos grupos mantienen desde hace años una confrontación por el control territorial en distintas regiones de Guerrero, particularmente en zonas de la Montaña y Centro del estado, donde las comunidades indígenas han quedado atrapadas entre la violencia criminal y la insuficiente respuesta institucional.
El origen de “Los Ardillos” data desde el año 2000 cuando Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”, un ex policía rural y productor de amapola en Quechultenango, Guerrero, fundó el grupo criminal. Funcionaban como una célula del Cártel de los Beltrán Leyva, quienes además de operar en Sinaloa, también lo hacían en Guerrero, Morelos y Ciudad de México. Los Ardillos al operar sólo localmente en Quechultenango y las montañas bajas de Guerrero, obedecían y servían a los Beltrán Leyva para controlar sembradíos, territorios, rutas y redes de seguridad. Los Beltrán Leyva controlaban Guerrero, sin embargo, en 2009 tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, su líder, el cártel se fraccionó y se formó la célula de “Los Rojos”, quienes empezaron a disputar plazas estratégicas en Guerrero, cuya guerra se intensificó todavía más entre los años 2013 y 2015 provocando asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados desde entonces. Fue en el mismo 2009 cuando también se empieza a formar el grupo delictivo “Los Tlacos” o “El Cártel de la Sierra”, quienes originalmente empezaron como autodefensas en las zonas serranas de Guerrero, pero que con el tiempo se fueron desvirtuando hasta incursionar en actividades ilícitas. En 2017 fue el año en el que “Los Tlacos” se logran consolidar junto con su fundador, Onésimo Marquina Chapa, alias “El Necho”. Esta última organización es vinculada por extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, producción y trasiego de drogas en distintas regiones de Guerrero.
Según una investigación de INFOBAE, relata que en 2019 tras un enfrentamiento entre “Los Tlacos” y “La Familia Michoacana” (origen en Michoacan) en San Miguel Totolapan, Guerrero, Los Tlacos establecieron una tregua, a la cual le siguieron otra serie de treguas y fusiones con “Los Rojos” y los “Guerreros Unidos”, este último grupo delictivo, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Fueron todos estos grupos delictivos mencionados los que estuvieron en disputa por los territorios y plazas en todo Guerrero a lo largo de los años. Mientras los Ardillos controlaban la montaña y los municipios de Quechultenango y Chilapa, Los Tlacos crecieron desde la sierra hacia el centro en los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y partes de Chilpancingo.
Sin embargo, fue aproximadamente en 2020 que la guerra se intensificó entre estos grupos delictivos en disputa por las rutas serranas para el tráfico de drogas y armas, así como el control del cobro de piso y extorsiones. Aunque la guerra lleva años, hoy ha recibido un fuerte foco mediático debido al uso de drones como explosivos, además de que se empezó a documentar con mayor fuerza los desplazamientos forzados. Aunado a lo anterior, también existe la coincidencia de que internacionalmente México y en específico, gobernadores del partido en el poder, han sido acusados por Estados Unidos de ser narcotraficantes, esto, sin dar ninguna prueba de ello. ¿Coincidencia? No lo creo. En política, dirían por ahí, no hay coincidencias, y si bien Guerrero se encuentra en una crisis de violencia real, lo ha tenido por ya muchos años, solo que coincidentemente hoy, esa violencia se intensifica y da fuerza a la narrativa de que en México no hay gobernabilidad y que los políticos, como Evelin Salgado, gobernadora de Guerrero acusada de proteger a “Los Ardillos”. también son narcos; un caso más como el de Rubén Rocha Moya.
Hablando de la gobernadora de Guerrero, según información de Aristegui Noticias, Evelin Salgado Pineda ha estado vinculada a tratos con el grupo criminal “Los ardillos”, al igual que su papá, el ex gobernador de Guerrero Félix Salgado Macedonio, por lo que se señala que la gobernadora está encubriendo las acciones de “Los Ardillos”. Sin embargo, no hay ninguna prueba judicial en su contra; solo acusaciones mediáticas y políticas. Una de estas acusaciones es originada por una entrevista que dió Celso Ortéga Jimenez, líder de “Los Ardillos”, al medio de propaganda, Latinus, empresa registrada en Delaware, Estados Unidos y relacionada a la familia de Roberto Madrazo (PRI), quienes han obtenido contratos por hasta 600 millones de pesos inflando precios de insumos del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y cuya empresa de propaganda tiene investigaciones abiertas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de lavado de dinero. En esa entrevista difundida por este medio, el líder de “Los Ardillos” afirmó que habría tenido encuentros con líderes operadores de MORENA, además de haber negociado con personas “cercanas” a Felix Salgado Macedonio, padre de Evelyn Salgado, actual gobernadora. Ante esto último la FGR pidió Ortega presentar pruebas de ello, pero hasta ahora tampoco existe un caso judicial ni pruebas públicas de ello.
En conclusión, aunque existan acusaciones en contra de gobernadores, es necesario que existan pruebas reales y contundentes que respalden dichas acusaciones. Por otro lado, los acusados también, al ser servidores públicos, deberían de estar a disposición de las leyes y tratar de esclarecer dichas acusaciones. Sin embargo, tampoco es fiable guiarse por lo que dice un medio como Latinus registrado en Estados Unidos, y menos por un gobierno extranjero que desde hace poco amenazó con intervenir un país soberano como lo es México, en caso de no resolver el tema del narcotráfico. Es al menos inteligente no quitar el dedo del renglón en una coincidencia de esa magnitud: Trump amenaza a México y acusa al gobierno de ser comandado por narcos, mientras al mismo tiempo acusan a varios gobernadores (de Morena solamente) de ser narcos, además de disparar la violencia en Guerrero.
Aunque no se debe mal interpretar, las comunidades sí están siendo desplazadas hoy y siempre y la violencia ha incrementado llegando a un punto insostenible para las personas que habitan en los distintos municipios de Guerrero a costa de la guerra entre estos grupos. Las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetlán han enfrentado una presión constante para incorporarse a las dinámicas del narcotráfico en la región. De acuerdo con Carlos González García, abogado del Congreso Nacional Indígena, estos grupos han intentado imponer la siembra de Amapola y utilizar a las comunidades para facilitar la circulación de droga; sin embargo, los pueblos se han negado a participar y han defendido su decisión de no involucrarse en estas actividades.
Hablar de lo que ocurre en estas comunidades también implica reconocer la resistencia de los pueblos indígenas frente a las violencias que buscan desarticular su autonomía y sus formas de vida. En medio del desplazamiento, las amenazas y el abandono institucional, las comunidades continúan defendiendo su territorio, sus decisiones colectivas y su derecho a vivir fuera de las economías criminales. La resistencia de los pueblos no solo es una forma de defensa territorial, sino también una lucha por preservar la vida comunitaria frente a estructuras de violencia que intentan imponer el miedo y el control.
Radialista-Feminista apasionada!!💜💥
