Ha mejorado la calidad de vida de los pueblos indígenas en América Latina y en México luego de tres décadas en las que se ha construido una legislación que los reconoce? Los números y los conflictos sociales en los territorios indígenas conducen a responder que no.
Es así como las políticas de reconocimiento de los pueblos y el capitalismo extractivista, reproducen por cuanto niegan la historicidad y el potencial político de los pueblos. La consulta indígena es una figura que surge de todo este proceso y según la legislación, no es un mero procedimiento administrativo, debe ser un proceso intercultural de diálogo en donde los pueblos indígenas u originarios se constituyen como sujetos de derecho frente al estado mexicano.
Uno de los problemas principales que se han suscitado para las consultas en el país es el hecho de asumir que las poblaciones indígenas deben aceptar los proyectos de desarrollo propuestos por los gobiernos, lo cual implica en la mayoría de las ocasiones una imposición respecto a las formas de pensar, vivir y decidir de los habitantes de ese territorio.
El desarrollo, falso dilema.
Cabe hacerse la pregunta ¿qué es el desarrollo y a quién beneficia? Los ejemplos en nuestro país nos hacen llegar a la conclusión que este argumento es un falso dilema utilizado para confrontar a los pueblos indígenas hacia el interior de las comunidades.
Pues mientras los grandes inversionistas obtienen mayores ganancias, la población que habita el territorio tiene que conformarse con lo obtenido por sus tierras, vendidas a un bajo costo, además de tener que insertarse en actividades económicas, como los servicios o fábricas, lo que ha tenido como consecuencia una baja en la calidad de vida, tanto en la alimentación como en la salud; además de abandonar usos, costumbres, tradiciones y lengua, lo cual ha representado una gran pérdida en la región cholulteca de cultura milenaria, y un país multicultural como el nuestro.
Entre los derechos de primordial importancia para los pueblos indígenas se cuentan el acceso preferente a los recursos naturales, la autodeterminación y la autonomía en el territorio. Si miramos con detenimiento cómo se han implementado los últimos proyectos en nuestro país y en los territorios de los pueblos indígenas, estos derechos han sido nulificados.
Las recientes consultas en nuestro país han develado que el estado y las personas que habitan el territorio no han establecido un verdadero diálogo, y más bien se han convertido en figuras de despojo por parte de los empresarios con apoyo del estado en sus tres niveles. No se trata solo de informar previamente sobre proyectos ya acordados.
En San Andrés Cholula se está llevando a cabo un proceso que tiene como antecedente un trabajo conjunto entre los representantes de las juntas auxiliares, la cabecera y el ayuntamiento. Para ello es necesario tomar en cuenta que nuestros pueblos deben ser respetados en sus formas de vida y conocimiento, por lo tanto no tenemos que aceptar cualquier proyecto con intereses ajenos, como ha sucedido en años anteriores, en donde inversionistas y autoridades han utilizado el concepto de desarrollo para justificar el despojo del territorio y los bienes naturales contenidos en él, un claro ejemplo son los decretos de expropiación, sobre terrenos del municipio que al final fueron utilizados para caminos utilizados por los habitantes de los fraccionamientos de lujo asentados en los últimos 20 años.
Es necesario tener claro que en estos procesos también pueden suscitarse desacuerdos o desavenencias, pero estos deben resolverse poniendo siempre por delante el interés de los pueblos que están siendo consultados. De hecho el camino debe ser: primero se dialoga, se llega a acuerdos y se establecen los proyectos, mismos que deben beneficiar siempre a la población originaria.