¿Quiénes acusan a Miguel López Vega? Primer preso político de Barbosa

 

Texto: Erik Coyotl Lozada

 

En 2019 en Santa María Zacatepec se conoció que existe un proyecto de aguas pluviales y residuales para servir aproximadamente a 21 empresas ubicadas en el corredor industrial Ciudad Textil de Huejotzingo. Los pobladores comenzaron a investigar y descubrieron que las tuberías desembocan en el Río Metlapanapa. Sin que la obra concluya, las guardianas del río se percataron que las empresas ya ocupaban los tubos para desechar aguas negras hacía el río.

 

De acuerdo a la periodista Kara Castillo, el 14 de agosto de 2019 los pobladores sostuvieron una asamblea municipal -en la que estuvieron presentes el edil Lozano Alameda, el delegado de Gobierno, Edgar Hernández Hernández, el representante de Ciudad Textil, el representante de Conagua, el representante de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEAS – Puebla), además de organizaciones defensoras del medio ambiente, autoridades auxiliares de todo el municipio, comisariados ejidales, investigadores y científicos, cuyo resolutivo fue la negativa del municipio para otorgar el permiso al proyecto para desembocar las aguas industriales del parque industrial de Huejotzingo Ciudad Textil, ni de ningún otro proyecto que afecte al río Metlapanapa misma que fue firmada por todos los presentes, encabezando las rúbricas el edil.

 

Para evitar que los pobladores frenen la instalación de los colectores que llevan desechos tóxicos al Río Metlapanapa, se instaló la policía municipal, estatal y la guardia nacional para cuidar la obra y la maquinaría. Por falta de dialogo del gobierno de Puebla con la comunidad, el 30 de octubre de 2019 los habitantes de Santa María Zacatepec decidieron cerrar la carretera Puebla – México, que con golpes y gas lacrimógeno fue dispersada por elementos de la Guardia Nacional, resultando lesionados jóvenes, mujeres y adultos mayores.

 

No habiendo interés de atender las afectaciones del río por el presidente auxiliar Maurilio Teutle Huelic y del presidente municipal Joel Lozano Alameda, los habitantes decidieron comenzar el proceso de recuperar las autoridades comunales a través de su sistema interno por usos y costumbres, con el fin de detener la obra que amenaza el Río Metlapanapa.

 

Para ese proceso, la comunidad de Santa María Zacatepec eligió a Miguel López Vega como uno de sus representantes comunitarios.

 

Cumpliendo la encomienda, el domingo 19 de enero de 2020 los habitantes de Santa María Zacatepec celebraron un Plebiscito por Usos y Costumbres en el que definieron nuevas autoridades responsables de proteger a su comunidad, instaurando un Alcalde Comunitario y su suplente, encargados de la representación; un alguacil mayor, alguacil menor, y topile, encargados de la seguridad; y un fiscal comunitario y su suplente, encargados de la administración de los recursos económicos.

 

 

La aprehensión

Recabada la documentación, el viernes 25 de enero de 2020 un comité de habitantes acudió a la Secretaría General de Gobierno para notificar los resultados de los plebiscitos por Usos y Costumbres. Fueron atendidos por Víctor Flores Báez, director de la dependencia estatal.

 

Saliendo de la reunión buscaron un lugar para comer. Eran las 14:15 horas cuando un automóvil de la fiscalía se detuvo frente a los habitantes de Santa María Zacatepec, los rodeó y detuvo a Miguel López Vega.

 

De inmediato en Santa María Zacatepec con barricadas bloquearon diversos tramos de la carretera federal Puebla – México, para exigir la liberación inmediata de su representante comunitario y defensor del río. Pasadas las 18:00 horas Miguel fue trasladado a la Casa de Justicia ubicada en Tlaxcalancingo.

 

Allí esperaría su primera audiencia programada para el sábado 25 de enero. Desde temprano familia de López Vega, comunidades vecinas y organizaciones esperaron en las instalaciones de la Casa de Justicia para saber la situación legal del defensor del Río Metlapanapa.

 

Eran las 14:53 horas del sábado 25 de enero cuando inició la audiencia. A Miguel López Vega lo acusan funcionarios públicos del CEAS – Puebla, y trabajadores de la empresa ejecutora de la obra.

 

Los cargos que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) le imputa son obstrucción a obra pública, daños a las vías de comunicación y medios de transporte, haciéndolo responsable del uso de una botella explosiva y/o bomba molotov que provocó la calcinación de una camioneta, propiedad de CEAS – Puebla.

 

Por tanto, a petición del Ministerio Público (MP) de la FGE–Puebla, la Juez de la Casa de Justicia del Estado, dictó Prisión Preventiva Oficiosa a Miguel López Vega, ordenando sea trasladado al penal de San Miguel, ubicado en la ciudad de Puebla, a dos horas con treinta minutos de Santa María Zacatepec, de donde es originario Miguel López Vega y su familia.  

 

A partir de la aprehensión del representante comunitario, los habitantes de Santa María Zacatepec y comunidades vecinas permanecieron en las barricadas por más de 36 horas. Las vialidades fueron abiertas una vez que el Gobierno del Estado de Puebla decidió abrir dialogo con un comité de la comunidad el domingo 26 de enero.

 

Sin embargo, hasta el jueves 30 de enero será definida la situación legal de Miguel López Vega, en una segunda audiencia donde la juez podría ordenar su libertad, o dictarle sentencia.

 

Otra de las personas que tiene orden de aprehensión, es Alejandro Torres Chocolatl, también originario de Santa María Zacatepec.

 

Miguel López Vega tiene 46 años, es campesino, comunicador indígena, concejal del CNI, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y representante comunitario de su población con la encomienda de cuidar su territorio y recuperar el sistema de gobierno por usos y costumbres.

 

La organización Artículo 19, señala que “Miguel López y otras personas defensoras de la comunidad de Santa María Zacatepec han denunciado las amenazas y agresiones que han enfrentado a causa de la defensa del Río Metlapanapa, en el que se está construyendo un sistema de alcantarillado para el derrame de desechos tóxicos. Estas amenazas llevaron que él y otras personas de la comunidad fueran incorporadas al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, el pasado 20 de noviembre, con el objetivo de recibir medidas de protección y poder seguir llevando a cabo su legítima labor”.

 

 

El río y la libertad de Miguel López Vega no es negociable

Aun privado de su libertad, la tuza –como lo conocen en su comunidad– ha pedido al pueblo no dejar la organización, la defensa del río, y el proceso de instalar un gobierno bajo el sistema normativo de usos y costumbres.

 

En caso de no ser liberado, organizaciones defensoras del territorio programan acciones dislocadas en diferentes estados del país y en la Capital de Puebla para el jueves 30 de enero.

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Erik Coyotl

Periodista autodidacta, videasta y radialista apasionado. "La historia es nuestra, y la hacen los pueblos" -Salvador Allende.