Estos actos han comenzado a ser documentos y enviados por el FPDTA-MPT a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para su estudio y aceptación del caso.
La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, gira en torno a los riesgos del funcionamiento del Gasoducto en la comunidad de San Lucas Tulcingo y la persecución de los defensores de la tierra y el agua que no les permite defenderse física y legalmente ante los inminentes abusos de autoridad del gobierno, abusos sustentados en pruebas documentales públicas que demuestran un patrón de conducta ilícita de persecución por parte de la Comisión Federal de Electricidad en contra de Adela Ramos Villalba, Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velazquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.
«EL FPDTA documenta como la CFE utiliza ordenes de aprehensión para presionar autoridades para el paso del Gasoducto Morelos y por eso ha vuelto a perseguir judicialmente».
En abril de 2014 la lucha por no permitir el paso del Gasoducto Morelos a cargo de la empresa italiana Bonatti que se instaló en comunidades cercanas al volcán Popocatépetl tuvo como resultado la detención de Enedina Rosas Vélez, entonces comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, y de Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua -Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT).
Enedina Rosas fue arrestada el 6 de abril de 2014, acusada de robo agravado y oposición a la obra pública. Al día siguiente, 7 de abril, Juan Carlos Flores fue detenido fuera de las oficinas de Derechos Humanos de Puebla procesándolo por motín, extorsión, despojo y ataque a la obra hidráulica.
Flores Solís salió de la cárcel el 23 de enero de 2015 tras ganar un amparo federal que obligó al Juez Penal de Cholula dictar auto de libertad para el vocero del FPDTA-MPT.
Rosas Vélez encontró su libertad definitiva hasta el 23 de Marzo, esto tras pasar varios meses (desde Octubre 2014) en prisión domiciliaria por enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se le detectó desde que ingresó a la cárcel de Atlixco.
La libertad podría terminar para algunos. Recientemente se han reactivado algunas ordenes de aprehensión en contra de integrantes del FPDTA-MPT y representantes ejidales de San Lucas Tulcingo, por lo que buscarán instalar una mesa de diálogo con Gobernación Federal a efecto de solicitar se realice una consulta previa, informada y de buena fe, poniendo sobre la mesa los riesgos que nuevamente podrían correr al defender el territorio.
Para lograr la libertad de los presos políticos -incluyendo a los antes mencionados- se pasó por distintas mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación Federal, muchas de estas fueron impulsadas por organizaciones nacionales y estatales como el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (FOSyPUE). Sin embargo, al tratarse de detenciones ejecutadas por el gobierno estatal, la mesa se trasladaba a Puebla, y una vez estando aquí ya nada avanzaba.
Comenta un integrante del Frente de Pueblos que quien recibía a los representantes de las mesas de diálogo era Luis Enrique Miranda, Subsecretario del Gobierno Federal; y Francisco José Yañez Centeno, Jefe de Unidad para la atención de organizaciones sociales.
Ahora con esta reactivación de ordenes de aprehensión, ejidatarios e integrantes del FPDTA-MPT buscan una mesa de diálogo donde esté la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR). Además de la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y posiblemente el Congreso de la Unión. Se desconoce si esta nueva mesa de diálogo se volverá a turnar a Puebla.
Mientras tanto, el 24 de septiembre del año en curso la Junta de Coordinación Política desde el Palacio Legislativo de San Lázaro acordó solicitar a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de diálogo con los habitantes de San Lucas Tulcingo y de comunidades aledañas del municipio de Tochimilco, Puebla, que se asumen afectados por el paso del Gasoducto, demandando una consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe sobre dicho proyecto.
Ante estos hechos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla Tlaxcala emite el siguiente comunicado.
«EL FPDTA documenta como la CFE utiliza ordenes de aprehensión para presionar autoridades para el paso del Gasoducto Morelos y por eso ha vuelto a perseguir judicialmente•Se reactivan órdenes de aprehensión contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.•Pleno del Congreso de la Unión exhorta a Gobernación Federal instalar una mesa de diálogo con los afectados de la comunidad de San Lucas Tulcingo y perseguidos.•La CIDH estudia solicitud de medidas cautelares para los perseguidos y el derecho a la vida y seguridad del pueblo de San Lucas Tulcingo.Mientras el Proyecto Integral Morelos sigue avanzando con uso de la fuerza pública y amenazas de represión en los estados de Morelos y Tlaxcala. En Puebla el acoso judicial continúa contra Adela Ramos Villalba, Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velázquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.Como parte de la implementación del Proyecto Integral Morelos, en Puebla comenzó desde el 2014 un proceso de judicialización de los opositores al proyecto, por medio de la apertura de expedientes penales absurdos, en donde los mismos trabajadores de las empresas interesadas en la construcción del Gasoducto Morelos, como Bonatti y CFE, declararon que los defensores los agredieron, robándoles o privándoles de su libertad.En el caso de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, la CFE ocupó a los trabajadores Carlos Aurelio Muñoz Zambrano y Héctor Alejandro Torres Santos, para inculpar penalmente a las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, como también al comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac Avelino Velázquez Tapia, a Eusebio Aguilar Torres y Adela Ramos Villalba originarios de San Lucas Tulcingo, así como a Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.Acusándolos de los delitos de privación ilegal de la libertad, con los agravantes de contra funcionario público y pandillerismo. Siendo un total de 3 delitos y una pena mínima de 2 años 3 meses o máxima de 13.5 años de prisión. Bajo el expediente 19/2015 el Juez Quinto de Distrito con sede en Puebla, dicto el 6 de mayo de 2014, orden de aprehensión contra 5 autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo y los 5 miembros ya señalados que se siguen oponiendo al proyecto.Interponiendo el FPDTA en mayo y junio de ese año amparos que les otorgaron la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión en tanto no se resolviera el amparo.Sin embargo, a raíz de esta orden de aprehensión, el 27 de noviembre de 2014 las autoridades civiles y agrarias de San Lucas Tulcingo, acordaron junto con la CFE el paso del proyecto, bajo una negociación de presión en la que los trabajadores de la CFE otorgaron supuestamente el perdón a todos los perseguidos por la causa 19/2015, y las autoridades civiles y agrarias por su parte firmaron un acuerdo del paso del Gasoducto con la CFE por obras de electrificación en la comunidad, ambos documentos con la misma fecha de firma (Documentos Anexos).El escrito de perdón firmado y entregado a la PGR por la parte acusadora Carlos Aurelio Muñoz y Héctor Alejandro Torres, lo solicitan por: “así convenir a nuestros intereses, por continuar realizando trabajos de gestión y construcción del Gasoducto Morelos”. Es decir que los acusadores declaran que su interés en la demanda de privación ilegal de la libertad depende o está vinculada con el paso del Gasoducto Morelos.Ambos documentos (escrito de perdón y aceptación de la obra con misma fecha) son pruebas documentales públicas que muestran indicios que los trabajadores de la CFE y directivos de la misma pudieron haber utilizado esa demanda como un medio de presión para obtener el derecho de vía del Gasoducto, es decir que los testimonios fueron fabricados por la parte acusadora ex profeso para fines de presión y negociación.Estos argumentos que demuestran la presión de la CFE para la aceptación del Gasoducto Morelos, fueron presentados por el FPDTA en los amparos 706/2014 y 837/2014 a cargo del Juez Primero de Distrito con sede en Tlaxcala, para la defensa de Adela Ramos Villalba y Juan Carlos Flores Solís.Sin embargo, en lugar de ser tomadas a su favor, el Juez de Distrito retiró las medidas suspensionales contra las órdenes de aprehensión de los compañeros y devuelve las atribuciones al poder judicial federal en Puebla para continuar con la persecución y aprehensión de los compañeros.Dos días después, el mismo Juez de Tlaxcala ocupa un incidente de acumulación de expedientes para paralizar el juicio de amparo y retrasar la audiencia constitucional. Por lo que actualmente han sido reactivadas las ordenes de aprehensión de Adela Ramos Villalba, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.Estos actos han comenzado a ser documentos y enviados por el FPDTA-MPT a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para su estudio y aceptación del caso.La solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, gira en torno a los riesgos del funcionamiento del Gasoducto en la comunidad de San Lucas Tulcingo y la persecución de los defensores de la tierra y el agua que no les permite defenderse física y legalmente ante los inminentes abusos de autoridad del gobierno, abusos sustentados en pruebas documentales públicas que demuestran un patrón de conducta ilícita de persecución en contra de Adela Ramos Villalba, Eusebio Aguilar Torres, Avelino Velazquez Tapia, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís.Adherido a estos hechos la comunidad de San Lucas Tulcingo solicitó al Congreso de la Unión interviniera para analizar la situación legal de los 5 perseguidos y demandar el derecho a consulta de este pueblo indígena náhuatl del volcán Popocatépetl.Como resultado el Pleno del Congreso de la Unión, aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Gobernación Federal para establecer una mesa de diálogo con los afectados. Este exhorto es respaldado por los Coordinadores Parlamentarios de los 8 partidos políticos representados en el Congreso Federal, constituyentes de su Comisión Política.La comunidad de San Lucas Tulcingo está en espera del Acuerdo que tomé la Secretaría de Gobernación Federal en próximos días y el FPDTA demanda que sean garantizados el derecho a la información, a la defensa jurídica y contra los abusos de poder de los representantes del gobierno que los criminalizan y judicializan por defender los derechos humanos.30 de septiembre de 2015T’neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi-Queremos tierra y agua para todos, no morir por dineroFrente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala».
Aprendiz autodidacta de herramientas periodísticas.
"La historia es nuestra, y la hacen los pueblos" -Salvador Allende.
Publicidad
