Texto: Erik Coyotl Lozada.
Fotografía: David Morales.
En la mañana del pasado 3 de octubre, la comunidad de San Antonio Cacalotepec se manifestó bloqueando el Boulevard Atlixcayotl (200 metros antes de llegar a las casetas de cobro con dirección a Atlixco) con el fin de exigir a las inmobiliarias Grupo Proyecta, así como Alfa e Inmobiliaria Angelópolis, respeto por sus tierras y vialidades. Por otro lado, exigieron al ayuntamiento a cargo del panista Leoncio Paisano realizar obras de calidad.
Para abrir la vialidad, en la tarde del 3 de octubre se sostuvo una reunión con representantes de gobierno y Grupo Proyecta, logrando acordar un recorrido por las afectaciones para el día martes 9 de octubre, a las 10:30 horas. El acuerdo se rompió por parte de las autoridades municipales y estatales, pretextando la presencia de periodistas.
Obras mal planeadas
Una de las razones que llevó a los vecinos a bloquear la circulación en dicha vialidad, fue exigir al ayuntamiento la Re-Construcción de la obra denominada Rehabilitación de la Av. 24 de febrero, a la altura del kilómetro 9, siendo esta la entrada principal de la comunidad. La obra solo duró una semana, después que el ayuntamiento la dio por concluida.
Las inmobiliarias devoradoras del territorio
Esta es la causa principal que ha hecho protestar al pueblo de San Antonio Cacalotepec. Es el caso de Grupo Proyecta, y Alfa e Inmobiliaria Angelópolis, quienes han invadido vialidades como Castillotla y Petlayo, además de predios que no han comprado. Incluso han negado a vecinos propietarios el acceso a sus propios terrenos, comentaron habitantes que se manifestaban.
Vecinos de Cacalotepec para abrir importante vialidad, pidieron reunirse con representantes del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de San Andrés Cholula y de Grupo Proyecta.
La reunión se pudo llevar a acabo cerca de las 16:00 horas, en uno de los restaurantes ubicados en la zona, estando presentes Alfredo Coyotl, presidente auxiliar de la comunidad; el Arq. Felipe Velázquez Gutiérrez como Coordinador de Delegados de la Secretaría de Gobernación del Estado, quien en la administración de David Cuautle fue secretario de Desarrollo Urbano en San Andrés Cholula; German Castañon como representante de Grupo Proyecta; y 5 vecinos del «Frente Unidos Todos Somos Cacalotepec».
Por parte del Ayuntamiento de San Andrés Cholula estuvo presente el Lic. Jesús Ramírez, adscrito a la Secretaría de Gobernación, quien se mostró sin voz y voto, a pesar de ser la comuna sanandreseña quien debe dar solución a las problemáticas en curso.
El delegado estatal Felipe Velázquez, solo fue juez e intermediario del conflicto entre Grupo Proyecta, el Ayuntamiento y los vecinos afectados.
Y Grupo Proyecta forzadamente dijo que habría reparación de los daños únicamente por el reclamo directo de los dueños o afectados, siempre que haya pruebas de la afectación, argumentando que ellos no han invadido nada y cuentan con todos los permisos para ejecutar cada una de las obras.
Como resultado del bloqueo y la reunión del miércoles 3 de octubre en el Boulevard Atlixcayotl, vecinos lograron acordar un recorrido sobre las afectaciones con autoridades municipales, estatales, representantes de la inmobiliaria Grupo Proyecta, y vecinos afectados de la comunidad para el martes 9 de octubre, a partir de las 10:30 horas.
Un día antes pasó algo que hizo enojar más a la comunidad. Cerca de las 19:00 horas del lunes 8 de octubre del presente año, el ayuntamiento de San Andrés Cholula presidido por Leoncio Paisano Arias, mandó a demoler una vivienda ubicada en la lateral del boulevard Atlixcayotl, apoyándose de la declaratoria de Utilidad Pública y la Ley de Expropiación Exprés. Los vecinos lograron reunirse y evitar un acontecimiento violento, pues relatan que llegó un grupo armado de al menos 50 personas, con aspecto militar.
Se rompe dialogo
Eran las 10:30 de la mañana del martes 9 de octubre, y vecinos afectados ya se encontraban en el lugar acordado.
También se encontraban presentes Jesús Ramírez, adscrito a la Secretaría de Gobernación del ayuntamiento de San Andrés Cholula; y Guillermo Álvarez, delegado de la Secretaría General de Gobierno. Que al ver la presencia de los medios se mostraron indispuestos de respetar los acuerdos, huyendo a bordo de una camioneta propiedad de Lomas de Angelópolis al filo de las 12:00 horas.
Quienes no se aparecieron fueron los representantes de Grupo Proyecta, y el Arq. Felipe Velázquez Gutiérrez, quien es el actual Coordinador de Delegados de la Secretaría de Gobernación del Estado, que antes estaba a cargo de Luis Arturo Cornejo Alatorre.
La utilidad pública como argumento para beneficiar los objetivos comerciales de inmobiliarias
San Antonio Cacalotepec, como Tlaxcalancingo y el resto de la zona sur de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocuyucan, han sido desmanteladas por empresarios que construyen grandes fraccionamientos para personas con alto poder adquisitivo.
Por tanto, crear boulevares o accesos a grandes vialidades es sustancial para las residencias construidas por inmobiliarias como Grupo Proyecta, o Alfa e Inmobiliaria Angelópolis, a razón de edificar viviendas para un sector económicamente potencial que busca vivir con diversas comodidades, sin considerar el desplazamiento de campesinos y obreros, de lo que quizá sea su único patrimonio.
La historia de todo el desarrollo inmobiliario en la zona, nos dice que la forma de operar se teje sobre intereses enteramente económicos al filo de la ley; convenciendo a los habitantes vender sus predios a bajo costo o valor catastral, que después las inmobiliarias venderán a precio comercial. De no ceder los dueños de las tierras, el ayuntamiento o el gobierno estatal hacen uso de la Ley de Expropiación.
Las constructoras en la mayoría de las ocasiones, se ayudan de moches o compadrazgos con los ayuntamientos a través de sus direcciones de obra pública y desarrollo urbano, para no tener conflictos en los permisos de construcción y obtenerlos a la brevedad. Así es como las inmobiliarias adquieren un poder frente a las comunidades, sin que pase nada a pesar de las irregularidades y abusos.
Consultando a Juan Carlos Flores Solis, abogado en temas penales y de derecho indígena, expone que: la utilidad pública justifica la causa de la expropiación de una propiedad privada en beneficio de la colectividad, tal como lo establece el artículo 27 constitucional.
«Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización».
La utilidad pública –argumenta Flores Solis– es un concepto jurídico de los llamados «indeterminados» que exige un juicio de valor y pre ponderación de los beneficios que causa a la colectividad un acto expropiatorio a un particular, es un choque de derechos colectivos contra derechos individuales.
Es por ello que, para evitar medidas arbitrarias por parte de la autoridad para declarar una propiedad de utilidad pública, debe existir un proceso argumentativo técnico y administrativo que justifique esta utilidad pública.
Y aun cuando el artículo 2 fracción II de la Ley de Expropiación del Estado de Puebla señala que son causas de utilidad pública la construcción de vialidades, no todas las vialidades que impulse el gobierno del estado pueden ser consideradas en automático causas de utilidad pública, pues debe existir un análisis exhaustivo que dicha vialidad es de vital importancia y necesidad para la sociedad y que no puede ser efectuada en otro lugar sino en el del bien expropiado, de lo contrario, al no existir una debida fundamentación y motivación particular del proyecto que justifique la causa de utilidad pública, el decreto expropiatorio y la causa de utilidad pública se vuelven ilegítimos.
Según la Ley de Expropiación del Estado de Puebla en su artículo 5 establece que la declaratoria de utilidad pública debe ser publicada en el periódico oficial del estado de Puebla, por lo que, conforme a la notificación a los vecinos de San Antonio Cacalotepec, dicha declaratoria debió ser publicada el 2 de octubre de 2018, sin que esto se haya podido comprobar, del mismo modo el artículo 8 de la misma ley establece que al notificar al afectado se debe anexar copia del decreto expropiatorio, cuestión que no sucedió. Por lo que es posible que no exista tal decreto expropiatorio o en caso de existir se esté ejecutando al margen de la ley, violando las formalidades esenciales del procedimiento.
¿Qué obra se desarrollaría en los inmuebles derrumbados por el ayuntamiento?
Los dueños del inmueble, el Sr. Enrique Sánchez Torres y su hijo que lleva el mismo nombre, relatan que la pretensión de expropiar el predio es construir una rotonda que dé fácil y exclusivo acceso a los habitantes de Lomas de Angelópolis. El terreno que busca expropiar el ayuntamiento mide 10 metros de ancho, por 75 metros de largo.
El ayuntamiento a cambio ofreció rampas de acceso a los terrenos y permisos de construcción en caso de requerirlo. Los vecinos han demandado a Víctor Toxtle y Carlos Toxqui, quienes se presentaron como personal adscrito a la secretaría de gobernación del ayuntamiento de San Andrés Cholula.
La notificación llegó sin membrete ni sello oficial, únicamente venía firmada por Carlos Alberto Wilchis Anaya.
Aprendiz autodidacta de herramientas periodísticas.
"La historia es nuestra, y la hacen los pueblos" -Salvador Allende.
