Quinto Informe de Rafael Moreno Valle, cifras de un dictador: Parte 1

Quinto Informe de Rafael Moreno Valle, cifras de un dictador: Parte 1

Este reporte esta fundado en publicaciones realizadas por periodísticas de distintos medios y organizaciones de la sociedad civil. 

   

En el Estado de Puebla, durante los 5 años de Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se han documentado 234 casos de encarcelamiento por motivos políticos y persecución judicial.

15 Defensores de Derechos Humanos se encuentran en la cárcel, 2 en arraigos domiciliarios, 130 procesados, 70 perseguidos judicialmente, 6 detenidos sin consignar, 7 presentados y 1 muerto en condición de preso.

 

 

Leyes contra los Derechos Humanos

Frente a una creciente manifestación de inconformidades de la población se aprobó en el Congreso del Estado la “Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla”,  llamada por la opinión pública como “Ley Bala”, la cual provocó la muerte del niño José Luis Tehuatle Tamayo. El Gobierno del Estado fingió echar para atrás dicha ley, sin embargo actualmente se encuentra vigente por la falta de atención y acuerdo dentro del Congreso del Estado.

 

La implementación de esta “Ley Bala” es posterior a una serie de Reformas Públicas que son controversiales a la protección de los derechos humanos, tales como:

La “Ley de Expropiación Express”

La Ley de Agua Potable para el Estado de Puebla

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla.

Todas ellas de influencia  fundamental en los derechos de la población, y sin que esta sea tomada en cuenta.

 

 

Casos más significativos de persecución y represión en Puebla

Como consecuencia del ejercicio y defensa  de los Derechos Humanos han muerto en Puebla 4 personas:

Antonio Esteban Cruz indígena náhuatl de 53 años edad, defensor del territorio y miembro del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular afiliado a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP – CNPA MN). Fue asesinado el 4 junio de 2014 de cuatro balazos en el paraje “El Rincón” a orillas del río Apulco, en la comunidad de Cuatapanaloyan, Cuetzalan, Puebla por su oposición al Proyecto Hidroeléctrico “Cuamono” que se pretende imponer en su comunidad de la Sierra Norte de Puebla por la Comisión Federal de Electricidad.

 

Delfino Flores Melga de 90 años de edad, defensor del derecho a la vivienda. Fue encarcelado en el CERESO de San Miguel, allá vivió tortura psicológica y condiciones inhumanas, que finalmente, por ausencia de atención médica y trato humanitario murió estando preso el 24 de junio de 2014. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, emitió la Recomendación 12/2015.

 

José Luis Alberto Tehuatle, niño de 13 años de edad, murió por el impacto de una bala de goma  el 9 de julio de 2014, durante el desalojo de una manifestación de su comunidad indígena de origen náhuatl; San Bernardino Chalchihuapan.

La Recomendación de la CNDH 2VG/2014 sobre los hechos no se ha cumplido, y al contrario, es utilizada para mantener en prisión política a su autoridad comunitaria; Javier Montes Bautista, quién se opone a las Reformas a la Ley Orgánica Municipal, que quita las facultades de gobierno local a las comunidades, ley que además encamina la imposición del mando único policial, pues “… se propone que la Junta Auxiliar deba dar las facilidades para que el Ayuntamiento procure la seguridad y el orden público acorde a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos; por lo que se elimina como atribución de la Junta, el nombrar a su Comandante de Policía”.

 

Sin embargo, en la misma ley dice “en concordancia con la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, establece que los Ayuntamientos deberán reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos Pueblos”.

 

Víctor Montes Contreras de 55 años de edad, originario de San Bernardino Chalchihuapan, fue detenido y acusado injustamente por el asesinato del  niño José Luis Tehuatle. Después de salir de la cárcel comenzó a sufrir ataques de ansiedad y crisis nerviosas que, según sus familiares, fueron la causa de que muriera en un accidente el 3 de febrero de 2015.

 

También corrió riesgo de perder la vida y graves deterioros a su salud, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, quien a raíz de estar presa por motivo de su oposición al Gasoducto Morelos, fue internada en el hospital por problemas respiratorios y con posterior arraigo domiciliario , resultado de las malas condiciones de estancia en el CERESO de Atlixco, Puebla.

 

Actualmente Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio", quien se encuentra recluido en el CERESO de San Miguel, corre el riesgo de perder la vida por el creciente deterioro de su salud dentro del penal. Recientemente, el 30 de septiembre de 2015 fue operado de urgencia. Sus familiares piden se le otorgue arraigo domiciliario por cuestiones de salud y humanitarias. Simitrio ya había sido injustamente encarceladodurante 12 años y lebrado bajo palabra, para ser reaprehendido nuevamente el 19 de diciembre de 2014.

 

 

Derecho a la libertad de pensamiento y expresión

Atentados contra la libertad de expresión en Puebla

92 han sido las agresiones que Rafael Moreno Valle suma durante los 5 años de gobierno. En 2014 implementó la “Ley TriPack” que concentra publicidad oficial (escrita, visual, y sonora) en los medios aliados a su gobierno, y la niega a los medios críticos en Puebla. La información ha sido documentada por periodistas, organizaciones y expertos en temas de libre expresión.

    

 
   

Una de las herramientas ciudadanas más importantes de la sociedad y los Defensores de Derechos Humanos es la libertad de expresión y los medios de comunicación, sin embargo cuando existe un impedimento en los medios y ataque a los que no se alinean con la postura gubernamental, la situación de los Derechos Humanos y de los defensores aumenta en gran manera su vulnerabilidad. Según un estudio reciente realizado por estudiantes de la UPAEP; 74.9% de la muestra considera que la información que brindan los periodistas no es veraz ni objetiva, 40.1% por ciento considera que los medios se venden a grupos de poder en tanto que, el 14.2% mencionó que los periodistas sufren opresión del gobierno.

 

De acuerdo con información de la organización Artículo 19, un tercio de las 92 agresiones registradas en los últimos cinco años en Puebla ocurrieron durante el primer semestre del presente año. En los últimos cinco años un comunicador fue asesinado y se registraron seis ataques físicos y 13 ataques cibernéticos a medios de comunicación.

 

De enero de 2014 a mayo de 2015, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla ha recibido 14 denuncias por presuntas agresiones en contra de periodistas; sin embargo, solo ha emitido una recomendación; la  26/2014. La queja fue interpuesta por Leonardo Herrera, fotoperiodista, contra Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) manifiesta que los derechos más violados contra los periodistas de la entidad son la seguridad jurídica, la integridad y seguridad personal.

 

Lilia Vélez Iglesias, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla, señaló que según los reportes de la Asociación Artículo 19; 80% de los agravios contra periodistas provienen de funcionarios públicos, principalmente municipales. La experta en Derecho a la Información manifiesta también que una de las formas de represión más frecuentes es el control de las pautas publicitarias, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define este mecanismo como uno de control indirecto, sin violencia contra los periodistas.

 

Artículo 19 manifiesta que “la entidad federativa con mayor número de agresiones perpetradas por funcionarios es el estado de Puebla con 18, muy por arriba de las 7 registradas en las segundas entidades federativas: Distrito Federal y Guerrero".

 

El espionaje digital es también uno de los medios más ocupados por el estado de Puebla para hackear información de los medios de comunicación y de diversos actores sociales y políticos, donde Moreno Valle ha invertido 322 millones de pesos en equipo de espionaje de la empresa HackingTeam.

 

Diversos medios de comunicación independientes han difundido que el férreo control político que tiene el actual gobernador de Puebla se debe en gran parte, al espionaje que ha realizado a diversos diputados y personajes políticos del Estado. Uno de los casos reportados es el de Roxana Luna, ex Diputada Federal del PRD, quien ha sido sujeta de espionaje telefónico.

 

 

Puebla es el tercer estado del país con más violencia a periodistas

Asesinato de 2 periodistas.- El 14 de noviembre de 2012 Adrián Silva Moreno reportero de policía de Global México, Radio 11.70 de Tehuacán y el periódico Puntual de la ciudad de Puebla y su ayudante Mizrael López González, ex policía municipal, fueron asesinados en Tehuacán, Puebla.

 

Según informaciones de testigos y autoridades, Adrián y Mizrael fueron asesinados después de cubrir el descubrimiento de una bodega en la que presuntamente se almacenaba combustóleo robado que hicieron elementos de la XXIV Zona Militar. Fueron interceptados por sujetos que viajaban en una camioneta Ford Lobo color rojo con placas KY-81-023 del Estado de México y en otra tipo Suburban, sobre el libramiento San Marcos, quienes de inmediato les dispararon con armas de alto calibre. Los sicarios se dieron a la fuga.

 

 

Boicot en Facebook

El 2 y 3 de mayo de 2013 fueron encarcelados tres jóvenes estudiantes por haber creado dos de ellos un evento en facebook denominado #Op5deMayo y el tercero por darle “asistiré” a dicho evento. El evento refería a una manifestación contra el Presidente de la República Enrique Peña Nieto en el desfile más importante de la ciudad de Puebla que se lleva a cabo cada 5 de mayo.

 

Los estudiantes fueron detenidos mediante violentos operativos que se llevaron a cabo en sus domicilios, tras ser amenazados de muerte y desaparición. Fueron acusados primero de conspiración y motín, para finalmente ser recluirlos en el CERESO de Cholula por los delitos de Resistencia de Particulares, Portación de Instrumento Prohibido y Cohecho. Es decir, los buscaban por conspiración y al no poder demostrar los actos en ese momento les impusieron cargos de resistirse al arresto, tratar de sobornar a la autoridad por el arresto y portación de un cuchillo a uno de ellos. Los jóvenes se encuentran aún bajo proceso y se llaman: Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar López e Iván Guizasola Vázquez.

 

 

Cierre de Radios Comunitarias

No más represión a las radios comunitarias.

No más represión a las radios comunitarias. El 99%
del aire esta concesionado a las empresas privadas.

 
   

Del mismo modo, se han agredido en cuatro ocasiones a radios comunitarias de pueblos indígenas de la región.

 

El 4 de agosto de 2014 mediante dos operativos donde participó la policía federal y estatal fueron cerradas las radios comunitarias de los pueblos indígenas nahuas de Zacatepec y Tlaxcalancingo, respectivamente.

 

Estas radios se encuentran en el centro del estado y difundían los problemas de la población con respecto al Gasoducto Morelos, la problemática del Registro Civil en el Estado y las expropiaciones en Cholula para edificar un parque comercial al pie del sitio arqueológico, además de las asambleas informativas de la comunidad.

 

De igual forma el 30 de mayo de 2015 fue nuevamente cerrada Radio Zacetepec, esta vez por el Ministerio Público, Policías Estatales y Municipales de Juan C. Bonilla, bajo el pretexto de haber recibido una llamada anónima de que en la cabina de la radio se vendía droga.

 

Posterior al cierre, policías ministeriales rondaban la comunidad en busca de los Defensores de Derechos Humanos y Comunicadores Populares;  Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolatl.

 

El 24 de junio de 2015 se llevó a cabo el cuarto operativo de cierre de radios comunitarias en menos de un año, tocando esta vez el turno a “La Chilenita”, del Municipio de Chilac. En este operativo cuando llegaron los Policías Federales y Estatales empezaron a disparar, dejando a varias personas heridas. La gente ya enojada, prendió fuego a una patrulla de la PGR. Luego de rescatar a dos agentes retenidos por la población, los policías se retiraron.

 

 

Atentado contra periodista

El 10 de agosto de 2015 dos desconocidos hicieron detonaciones con arma de fuego frente a la casa de la reportera Alejandra Corona, de El Heraldo de Puebla, medio que ha sufrido ataques cibernéticos y el asalto de sus colaboradores afuera de sus oficinas. Esta no es la primera agresión que recibe la reportera, pues denuncia que ha sido víctima de espionaje telefónico y cibernético, sobre  la cobertura del caso Chalchihuapan.

 

Asimismo el jueves 16 de abril de 2015 tres trabajadores administrativos de El Heraldo de Puebla fueron asaltados justo afuera de sus oficinas, donde los delincuentes lanzaron también la amenaza: “para que dejen de estar chingando”, según reportó la Red Puebla de Periodistas. El dueño de El Heraldo de Puebla, Ricardo Henaine Mezher, se ha confrontado de manera directa con el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

 

 

Intimidación a Académicos

Posterior a la detención de Enedina Rosas y Juan Carlos Flores por el conflicto del Gasoducto Morelos, el Doctor en Ciencias Ricardo Pérez Avilés, destacado Investigador de Sociología Rural denunció que el 11 de abril de 2014, un grupo de personas “vestidas como campesinos y con armas de fuego” acudieron al domicilio del investigador para bajo amenazas exigirle que cese sus actividades y pronunciamientos contra la construcción del gasoducto. Las amenazas fueron recibidas por los familiares de Pérez Avilés ya que él no se encontraba en casa.

 

El Doctor tuvo que salir huyendo de su domicilio con su familia ya que también fueron hostigados sus estudiantes y sobre él existía la amenaza de orden de aprehensión. El motivo de este hostigamiento son las posiciones y declaraciones con fundamento académico que este investigador hacia con respecto al proyecto Gasoducto Morelos.  Además fue conductor del programa radiofónico “El Campo y la Ciudad, un diálogo necesario” en Axocotzin Radio, una de las emisoras comunitarias allanadas el 4 de Agosto de 2014.

 

De igual forma el 9 de diciembre de 2015 el Centro para la Investigación de la Opinión Pública y Propaganda (CIPOP) manifestó su solidaridad con el doctor Eudoxio Morales Flores, investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, quien ha sido acosado luego de que reveló estudios basados en las ciencias económicas que el gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, ha endeudado a la entidad con más de 57 mil millones de pesos.

 

 

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