¿La defensa del patrimonio histórico debe esperar? INAH canceló visita a Cholula

 

Por Jaime López

 

Viernes cinco de febrero, diez de la mañana. Fecha y hora pactadas, desde finales de enero, con las oficinas centrales del INAH en México, para que representantes de esta institución visiten la histórica zona arqueológica de Cholula, con el objeto de que determinen la existencia o no de daños y, en su caso, el grado de los mismos, producto de las obras que actualmente siguen llevándose a cabo en esa zona. Unas horas antes de la reunión, el Director del Centro Regional del instituto con adscripción en la Ciudad de México, se comunicó directamente con el Antropólogo Julio Glockner para informarle que el encuentro se posponía.

 

Se esperaba la llegada del Arqueólogo Diego Prieto (Secretario Técnico); de Francisco Sánchez Nava (Coordinador del área de Arqueología) y; del Arquitecto Arturo Balandrano. Se alegó que ninguno de ellos pudo asistir por "problemas de agenda".

 

¿Qué asunto de agenda es más importante que la valoración y protección del acervo histórico nacional? Patrimonio  que no implica únicamente la contemplación de los elementos arquitectónicos y  artesanales de la era prehispánica, sino que también otorga identidad y configura la profunda memoria de nuestros pueblos. Además, ¿no se supone que la visita en cuestión ya tenía ganado un lugar dentro de esa agenda, que no dependía del azar o de otras cuestiones aleatorias? 

 

La gente del movimiento “Cholula Viva y Digna”, junto con algunos académicos defensores del patrimonio cholulteca, más ciertos comunitarios comprometidos con la región (entre ellos, los ex presos políticos Paúl y Adán Xicale), no se desmoralizaron y decidieron dar una conferencia de prensa para notificar sobre lo ocurrido. Luego entonces, se hizo del conocimiento público la respuesta otorgada a la solicitud de información mediante la que se le requirió al INAH indicara si existe o no una aprobación para obras en áreas de monumentos arqueológicos:   

 

“El INAH nacional responde, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología, que no ha emitido ningún visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en los que se presuma su existencia, a favor del ayuntamiento de San Andrés Cholula y/o del gobierno del Estado de Puebla, de enero 2014 a 30 de noviembre de 2015, por realizar obras públicas en el polígono protegido por decreto presidencial de 1993”, lee la periodista Gabriela Di Lauro.

 

Hospital Psiquiátrico "Nuestra Señora de Guadalupe"  

Poco después, la académica y antropóloga Ana María Ashwell, en medio de un sol que arrecia, y teniendo como fondo los arreglos que realizan los obreros al hospital psiquiátrico y a un inmueble contiguo a éste, toma el micrófono e insta a los periodistas presentes a realizar la siguiente pregunta: “¿Porqué el gobernador y los alcaldes tienen dinero para destruir y no tienen dinero para arrancar investigación; rescate; salvamento; restauración de todo el área ceremonial y arqueológica de las Cholulas?

 

Adán Xicale, antes de dar por terminada la conferencia de prensa,  señaló acertadamente que la visita de los inspectores del INAH habría sido un hábil golpe político al alcalde Leoncio Paisano Arias, presidente municipal de San Andrés Cholula, quien ese día rendiría su segundo informe de gobierno.

 

Una comunitaria, de edad madura, se une a la ola de intervenciones finales y expresa su sentir ante lo que está aconteciendo con su patrimonio y con su tierra: “Si el turismo viene a respirar aire puro, ¿qué va a respirar aquí? (...) Todos los gobiernos en lugar de ayudar al pueblo, se benefician”. Para rematar, la señora agrega una atinada declaración: “Dicen que la ley es la de la expropiación, pues primero yo conocí la ley de Constitución, ¿cuál es? El pueblo te pone y el pueblo te quita, pero ahora no, ahora se ponen ellos”.

 

El sol “aprieta”, los obreros continúan destruyendo las torres del hospital psiquiátrico, la conferencia de prensa finaliza. Y la declaración de la señora se da justamente un 5 de febrero, fecha en que se conmemora un año más del inicio de vigencia de la Constitución Política Mexicana, esa que ha sido interpretada y modificada a conveniencia, con criminal cinismo, por un reducido grupo de políticos que el único patrimonio que defienden es el suyo.

 

 

 

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